La economía de las Bahamas, pequeñas islas muy cercanas a la Florida, depende casi exclusivamente del turismo y un 82% de esos flujos provienen de Estados Unidos, principalmente de la costa este. Sin embargo, su gobierno tomó la decisión de prohibir todo vuelo o embarcación procedente de Estados Unidos. Con eso optó por hundir la economía pero para preservar la salud de su población, dado el extraordinario incremento en la prevalencia del covid 19 en la Florida y otras partes de Estados Unidos. Los turistas canadienses, europeos e ingleses siguen siendo bienvenidos, con tal de que muestren un certificado reciente de resultados negativos en la prueba del covid 19.
Otras islas del Caribe han adoptado tácticas diferentes. En Cuba los turistas solo se pueden alojar en hoteles en los cayos vecinos, como si en la República Dominicana tan solo pudieran quedarse en la isla Saona, o en la Península de Samaná. De esa forma se reduce el riesgo de que los turistas contraigan o distribuyan el virus. En la isla de Barbados, pensando más en el mediano plazo y ante la realidad de que la vacuna o inyección tardará mucho en llegar, se ha establecido un impuesto de US$2,000 que permite a extranjeros quedarse allí durante un año, con tal de que se dediquen exclusivamente a trabajar remoto, desde un hotel o villa, pero laborando para una oficina en el extranjero, no para una local. Algo parecido pudiéramos hacer en República Dominicana aprovechando las excelentes comunicaciones vía Internet con que contamos.
En nuestro país no solo dependemos del turismo, sino que por lo menos un 10% de nuestra población ya vive en el extranjero, sobre todo en la costa este de Estados Unidos y Europa. ¿Cómo lograr que esa diáspora nos visite y que, al mismo tiempo no nos infecte, dada la prevalencia del virus en esas zonas? Primero se trató de hacer pruebas médicas a los pasajeros de los aviones que aquí llegaban hasta que rápidamente nos dimos cuenta que eso tardaría unas cuatro horas, más de lo que dura un vuelo desde Nueva York. Luego se optó por tomar pruebas solo a una muestra de los viajeros y, finalmente, exigir que los mismos traigan un certificado reciente de prueba negativa del virus y si no lo hacen entonces es a ellos a quienes se les hace la prueba. La diáspora dominicana nos bendice con remesas, las cuales no han disminuido a pesar del creciente desempleo en Estados Unidos y Europa y es que los subsidios federales explican en parte esta buena suerte. La continuación de estos está ahora por decidirse en el Congreso norteamericano.
Admitamos la triste verdad. El turismo en masa de ayer no va a retornar por ahora y tenemos que pensar en estrategias alternativas, como las adoptadas en Bahamas, Barbados y Cuba. La única y verdadera solución es acabar con la pandemia. La Unión Europea acaba de donar a Honduras donde ya han muerto mil personas a causa del virus, el equivalente a US$80 millones para mejorar su situación de salud. Pensamos que después del 16 de agosto los europeos harán lo mismo con nosotros, donde ya los fallecidos también exceden los mil.
Cambiando de tema, resulta que las transiciones políticas, un gobierno por salir y otro por entrar, usualmente son una especie de luna de miel, pero a veces con sus problemas, como eso del ascenso de militares. El autorizar por decreto un aeropuerto, el cuarto en el este, tan cercano a los otros, reduciría los ingresos fiscales, pues el nuevo entendemos que se está acogiendo a las exoneraciones impositivas de la Ley de Incentivo Turístico. Pero, además, implicaría un problema geopolítico pues el grueso de los accionistas perjudicados, los de los aeropuertos de La Romana y Punta Cana son norteamericanos, mientras que los extranjeros en el nuevo lucen ser europeos.
Un nuevo aeropuerto no generaría nuevos empleos, sino simplemente traslados de personal de uno a otro y su costo al consumidor lo determina el gobierno, a través de tarifas de aterrizaje y no una sana competencia. Lo que sí tendría un impacto económico-social positivo sería una concesión para un ferry que cruce la Bahía de Samaná.