La nómina de la Administración Pública, nadie sabe a ciencia cierta cuántos son, ni siquiera el Presidente y el Ministro de esa Cartera. Ello así porque cada Ministro puede contratar personal. Lo verdadero es que somos el tercer país de América Latina con la densidad pública ocupacional más alta; solo superado por Venezuela y Argentina. El caso más visibilizado en el 2018 alrededor de las nóminas, es el de la Cancillería. Es la expresión del Estado como botín del “acuerdo programático” entre el PRD de Miguel Vargas y el presidente Danilo Medina. Alicia Ortega, en uno de sus Informes, deshollinaría la nómina de Relaciones Exteriores. Hay 45 asesores que “trabajan” en Comisiones Especiales. Esto es, sin contar médicos y consultores.
Lo de Lucía Medina que estuvo en el ojo del huracán por lo de las mochilas del MINERD constituye otro peldaño de cómo las relaciones de poder, a través de la captura del Estado, se adueñan de lo público, para agenciarse beneficios privados. Su defensa en la Cámara de Diputados fue triste e infeliz. Luego NOTICIAS SIN levantaría los ojos de la opacidad alrededor de la Fundación de la Diputada. Varias instituciones del Estado desvían fondos públicos a la Fundación de Mujeres para el Desarrollo de San Juan (FUMUDESJU) PARA ELLA “DONAR” EN SU NOMBRE.
El nepotismo y el clientelismo en forma visceral se mantienen en el CEA. De nuevo Alicia pondría sobre el tapete cómo una empresa del Estado, que no debería de tener más de 300 empleados, tiene 2,856 entre la Oficina principal, Ceagana, Ingenio Porvenir y Campo diario. Gasta RD$37 millones al año en pago de empleados de ingenios cerrados. Allí hay nepotismo, botellas, cobros que no pasan por caja, gastos cuestionables y contrataciones sin rastros de licitación. Pedro Mota, Director del CEA, le diría a doña Alicia Ortega, quien demostró los aumentos de personal en cada uno de esos ingenios: “Que raro creía que lo habíamos reducido”.
Lo de Osiris Guzmán como representante del Futbol en Dominicana y a nivel mundial, es y constituye una verdadera vergüenza. Desde el 2015 teníamos conocimiento de las investigaciones y de las irregularidades que ese señor estaba llevando a cabo en esa importante Federación. La investigación de la FIFA descubrió todas las modalidades de la corrupción: nepotismo, tráfico de influencia, fraudes para beneficios personales (compras de boletas en el Mundial de Futbol para revenderlas). Compras a la tienda de su hijo sin licitación y a un sobrecosto estratosférico.
Es en este año 2018 que sabemos objetivamente que la Cámara de Diputados en los últimos cinco años gastó 170 millones de pesos en viajes, viáticos y dietas para algunos salir hasta 34 veces con el dinero público. Viajes que no guardan relación con su misión como Congresistas, que en todo caso, deberían utilizar su dinero personal que ganan muy bien o tomarlo prestado en el Fondo de Protección Social que tienen de manera privilegiada. 1,498 viajes del 2013 al 2018.
La mafia en la Jurisdicción Inmobiliaria, donde 17 personas han sido acusadas de la referida corrupción que se ha expresado en diferentes facetas y modalidades, desde mediciones de terrenos de manera inadecuada pasando por el robo de propiedades y asignaciones a otras personas. Hasta ahora, los nombres que se han dado y los cargos determinan que no puede producirse sin personas que tengan puestos de mayor jerarquía. Es pertinente destacar que hace alrededor de dos años que la ex Fiscal, Yeni Berenice Reynoso, había denunciado parte de esas irregularidades y el Presidente de la Suprema prácticamente la mandó a callar.
En fin, existen muchas instituciones del Estado plagadas de irregularidades manejo de fondos mineros por parte de Corde, como consecuencia de la rampante corrupción y donde el Presidente de la República desconocería el propio Código de Pautas Éticas que diseñara en agosto del 2012. Lo más que ha hecho es desvincular a los funcionarios del tren gubernamental cuando la prensa ha divulgado casos de falta de transparencia, de verdadera opacidad y entera corrupción: OMSA, CEA, CORDE.
La Ley de Salarios, 105-13, tan anhelada por la sociedad y donde se invirtieron miles de dólares en contrataciones de expertos internacionales, hoy 24 de diciembre del 2018 a cinco años y cuatro meses de su promulgación todavía no ha sido aprobado su reglamento. Sin embargo, la ley se ha ido implementando solo para los puestos de mayor jerarquía en la Administración Pública Central y Descentralizada. Incluso, la misma es violada por entidades del Estado. Tal es el caso de la Cámara de Cuentas que los Miembros titulares, se aumentaron los salarios por encima de lo que estipula la referida ley, que de manera diáfana establece una escala salarial donde señala taxativamente cuanto debe de ganar el presidente de la Cámara de Cuentas. El Artículo 12 numeral 5 nos dice que el presidente de la Cámara de Cuentas deberá ganar hasta RD$350,000.00 mil pesos. La desigualdad salarial en estos años se ha ampliado. No hay un país con una inequidad salarial tan abismal desde la propia instancia de la Administración Pública.
Lo mismo sucede con la Ley 311-14, Ley Patrimonial de Bienes, ha sido ignorada por los funcionarios públicos. Esa ley es la demostración fehaciente de las desviaciones en que incurren los funcionarios públicos, por eso establece un antes y un después. A los treinta días de ser designados tienen que hacer su declaración y a los treinta después de ser desvinculados del puesto. El caso más emblemático es el del presidente de la Cámara de Diputados, Radhames Camacho, quien hizo su declaración después de la fecha establecida; aún más, desde el 2016 no la hacía, a pesar de que se juramentó en agosto del referido año. En el mes de septiembre había 3,720 funcionarios que no habían realizado su declaración, incluyendo 67 diputados activos y que finalizaron en el 2016. La Ley 311-14 es muy clara con lo que hay que hacer con esos funcionarios que no hacen sus declaraciones (Artículo 14 señala que es falta grave y en la Ley de Administración Pública en su artículo 83 esboza lo que implica la desviación de la falta grave: destitución).
Es pertinente resaltar que a luz de la Constitución del 2010 se rubricó constitucionalmente la problemática de la corrupción. En el artículo 146 se notifica la proscripción de la corrupción donde se condena toda forma de corrupción en los órganos del Estado. En su numeral 3 nos dice “Es obligatoria, de acuerdo con lo dispuesto por la ley, la declaración jurada de bienes de las y los funcionarios públicos a quienes corresponde siempre probar el origen de sus bienes, antes y después de haber finalizado sus funciones o a requerimiento de autoridad competente”. Lo fundamental es luchar por el imperio de la ley, por el respeto a la Constitución y asumir en la praxis social que nadie debe estar por encima de ella, no importa su jerarquía en el Estado. La corrupción y la impunidad son un reflejo exacto de la fuerte debilidad institucional en la República Dominicana.
Los casos de Odalis Ledesma, Donny Santana y Van Troy Suazo son una clara evidencia de que en la Administración Pública no existen pruebas de evaluaciones neuropsicológicas en la selección de los funcionarios, que detectan las potencialidades de desviación sexual, de agresión y acoso de los seres humanos. Debería existir un área con carácter obligatorio de Gerencia Pública y Ética, para disminuir lo más posible la proclividad de los funcionarios a las conductas desviadas. Existe una conducta de muchos funcionarios que agravian y ultrajan a la sociedad.
¡Se requiere una nueva voluntad política que niegue en su pensamiento, en su decir y hacer, la corrupción y la impunidad. Requerimos nuevas formas de relaciones de poder!