En el pasado mes de octubre la oficina local de la Organización no gubernamental OXFAM dio a conocer un interesante informe que contiene el resultado de la investigación realizada por un equipo técnico de la entidad con relación a la necesidad de controlar el malgasto de los fondos públicos re-orientar las prioridades en la inversión económica pública, con el fin de garantizar los derechos adquiridos de toda la población, sobre todo de los sectores sociales más empobrecidos y excluidos.
El estudio de OXFAM, “Se buscan: recursos para garantizar derechos”, fue presentado por Rosa Cañete, coordinadora de campaña de esa entidad y autora del informe, junto a Rafael Jóvine, en un acto en el hotel Crowne Plaza, realizado el pasado 18 de octubre del presente año, indica que para este año el monto de los fondos “malgastados sobrepasa los RD$90,000 millones, equivalente a cerca del 13% del gasto total del Gobierno central”.
OXFAM presentó su informe en el momento en el que se estaba discutiendo el presupuesto nacional para el 2018 y con la finalidad de incidir en que los tomadores de decisiones tomasen en cuenta sus propuestas y que de alguna manera eso se reflejase en el aumento de la inversión social en la distribución presupuestaria del 2018. Evidentemente, el presupuesto aprobado por el Congreso para el 2018 refleja pocos cambios en cuanto a sectores prioritarios como salud, vivienda, seguridad social. Por eso se confirma lo señalado en el informe: “si nada cambia; cada año habrá menos recursos públicos para garantizar derechos”.
Si se va disminuyendo el malgasto de fondos públicos, y el dinero se va invirtiendo en áreas sociales, se van generando las condiciones para garantizar los derechos adquiridos por la población. Pero, ¿cuáles fueron, según la investigación, las principales áreas identificadas en donde se malgasta el dinero público que tendría que servir para garantizar a la población servicios sociales de calidad?
1.- La corrupción y la impunidad. El estudio hizo un levantamiento de algunos casos significativos de corrupción durante el período 1998-2014, aunque no se incluyó en el mismo el monto relacionado con los fraudes bancarios. La investigación identificó unos RD$26,292 mil millones que se van en corrupción de diversos tipos cada año. Lo cual representa el 0.7% del PIB para el año 2017.
2.- Uso partidario de la nómina pública. En las llamadas botellas el informe identificó un malgasto de unos $39 mil millones. La evidencia indica que la cantidad de empleos públicos por habitante en República Dominicana es casi un 21% mayor que la media de 17 países de América Latina, y 28% mayor en comparación con los países centroamericanos.
3.- Entidades Públicas que sobran y duplican funciones. El estudio propuso eliminar instancias que sobran o duplican funciones en la administración pública. Entre las propuestas más significativas están: 1.-Creación de un Congreso unicameral. 2.- Fusión del Ministerio de la Presidencia y del Ministerio Administrativo de la Presidencia. 3.- Eliminación de las funciones del Despacho de la Primera Dama. 4.- Eliminación de la Liga Municipal Dominicana (LMD). 5.- Eliminación de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado. 6.- Fusión de instituciones que trabajan en la sectorial transporte, entre otras.
4. Malgasto en uso clientelar en viáticos, propaganda y en publicidad. El gasto en publicidad y propaganda, los viáticos o gastos de representación asignados a empleados/as públicos/as y las partidas de uso discrecional de fondos públicos en manos del Presidente de la República, que son consignados cada año en el Presupuesto General del Estado, constituyen ejemplos fehacientes del malgasto de recursos relacionados con el clientelismo partidario.
Señala el informe de Oxfam: “Aunque nunca se ha asignado la magnitud de recursos que prevé la legislación, el monto provisto cada año se aproxima a los RD$5,000 millones, equivalente al 1% de los ingresos corrientes del Estado. Según los reportes del Ministerio de Hacienda, las apropiaciones asignadas para uso discrecional del Presidente de la República son distribuidas en más de 40 grandes rubros en una gran diversidad de programas y actividades dentro del tren gubernamental. En la gran mayoría de los casos, se trata de gastos en áreas que ya cuentan con alguna institución pública, ya sea ministerio, dirección general o gobierno local, con facultades y funciones delimitadas para tales fines”.
Durante el período fiscal 2014-2016, el gasto promedio devengado en publicidad y propaganda se situó en alrededor de RD$3,400 millones. Para el año fiscal 2017 el monto programado inicial para este concepto ronda los 3,373.5 millones. Aunque el mayor gasto en publicidad lo tiene el Ministerio de Turismo, hay otras instancias como la Presidencia de la República, que registra un significativo gasto en publicidad y propaganda, concentrando casi la cuarta parte de esta partida, con unos RD$745.9 millones asignados para el año fiscal 2017.
5.- Desmonte de las transferencias al sector eléctrico. Tras dos décadas de constantes reformas, las transferencias al sector eléctrico presentan, todavía hoy en día, una de las mayores cargas para el fisco dominicano. Todavía para el año fiscal 2017, aún y con la reducción prevista, el subsidio eléctrico se sitúa por encima de los RD$30,000 millones o lo equivalente al 0.9% del PIB, lo cual es al menos tres veces superior a la meta de financiación prevista por la END. Además, es necesario tomar en cuenta que todas las transferencias que están siendo hechas al barril sin fondo de la construcción de las plantas de Punta Catalina, agrava la situación.
En el año 2016, según los resultados del Latinobarómetro 2016-2017, el 77% de la ciudadanía pensaba que en la República Dominicana se gobierna para el beneficio de los poderosos e igual proporción pensaba, en el año 2014, que los funcionarios públicos eran corruptos. Esta percepción está vinculada también a que la ciudadanía sea proclive o no a pagar impuestos. En el año 2016 la ciudadanía dominicana ocupaba la tercera posición de América Latina y el Caribe en la escala de justificación de la evasión de impuestos. De hecho somos el segundo país de América Latina y el Caribe que menos recauda. El Estado dominicano recaudó tan solo 13.1% del PIB en 2016.
En definitiva será necesario que los tomadores de decisiones asuman dos elementos fundamentales para que pueda haber mayor inversión en áreas sociales: controlar el malgasto de los fondos públicos y aumentar los recursos de los impuestos que maneja el gobierno que en la actualidad no superan el 14% del PIB. De hecho La Estrategia Nacional de Desarrollo (2030) plantea que para el año 2020 se necesitaría recaudar un 19% del PIB. Para esto será necesario hacer pagar más impuestos a los que más riquezas generan y asignar esos recursos a mejorar la salud, las viviendas y la seguridad social de los más empobrecidos, como una cuestión de derechos.