En estos tiempos antes de las elecciones diversos medios de comunicación así como la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios Jóvenes (ANJE) están organizando debates con las y los candidatos y candidatas, tanto del nivel nacional como del municipal. Esto incluye a candidatos/as a regidores/as, síndicos/as, legisladores/as y a la presidencia de la República. Generalmente esos debates se organizan en torno a los proyectos y planes de gobierno que se desarrollarían en las diferentes instancias en el caso de que dichos candidatos y candidatas sean favorecidos con el voto popular.

Llama la atención que las y los candidatos del partido oficialista se nieguen a entrar públicamente en debate, comenzando por el propio candidato a la presidencia de la República de la corporación económico-partidaria que tiene al PLD como inversionista principal. Y la población se pregunta sobre los motivos que tiene el oficialismo para no entrar en debate con las y los candidatos de los demás partidos. ¿Será porque no tienen nada más que ofrecer que hacer más de lo mismo? ¿Será que tienen miedo a revelar las fuentes de los inmensos recursos que están derrochando en publicidad y en compra de conciencias y voluntades? ¿Será que en su mentalidad autoritaria entienden que quienes se han enquistado en el poder usando todos los medios a su alcance no tienen nada que dialogar con la sociedad? ¿Será que tienen miedo a escuchar a voces con conciencias liberadas que le digan lo que no quieren oír? ¿Será que no quieren que se desempolven todos los casos de corrupción impune y despojo de la cosa pública de una corporación que lleva doce años continuos en el poder, dilapidando los recursos públicos?

Según el tercer informe sobre el proceso electoral dado a conocer por Participación Ciudadana recientemente solo en  los pasados meses de enero y febrero la corporación en el poder y sus aliados gastaron 369 millones de pesos solo en una publicidad apabullante. Y si calculamos que por ley a la corporación le tocan para todo el año 426 millones, podemos preguntarnos: ¿De dónde están sacando el dinero para todos los demás gastos de la campaña? ¿Cuánto del dinero del presupuesto de salud y de educación se está yendo en transporte, combustible, comida, en compra de alcohol y en compra de votos? ¿Cuánto dinero viene de las empresas que invierten en la campaña para después cobrar con intereses en evasión de impuestos, en intereses bancarios y ganancias excesivas en la comercialización de los alimentos y de los medicamentos, entre otros? ¿Cuánto proviene del lavado de activos y del negocio del tráfico y consumo de drogas?

Quienes se han acostumbrado a establecer una relación vertical con la población solo miran a las personas como clientes, y en la presente coyuntura como posibles votantes. Y ellos y ellas saben que una buena parte del pueblo dominicano vota pensando en el estómago, en las prebendas que pueda conseguir y en los posibles trabajos o “botellas” que pueda adquirir. Entre estas personas debemos tener en cuenta a la mayor parte de los más de 2 millones, situados en los mayores niveles de indigencia, que son personas que reciben subsidios de los diferentes proyectos asistencialistas del gobierno, la mayor parte de los cuales  son utilizados para conseguir votos cautivos en el actual tiempo de elecciones.

El clientelismo en la práctica partidaria dificulta la creación de una conciencia ciudadana que asume su compromiso con la transformación de la sociedad; más bien crea relaciones de dependencia de las personas. Por otro lado, esta práctica no es exclusiva de los grupos partidarios. En esto influyen también los grupos religiosos más conservadores de las iglesias católica y evangélica. Por eso no es pura casualidad el soporte ideológico dado por estos grupos al candidato de la mal llamada “Fuerza Nacional Progresista” y a la corporación en el poder. Por eso también estos grupos aprovechan este tiempo para intentar descalificar a candidatos/as que no son de su ideología o que no estén dispuestos a seguir manteniendo las prebendas y los privilegios que desde el poder tienen, o pretenden conseguir en el futuro próximo, las iglesias cristianas.

Se hace urgente la formación de una conciencia crítica que ayude a las personas a descubrir que lo que es un derecho, como la alimentación, la preservación de la salud, la vivienda adecuada y la seguridad ciudadana no pueden considerarse como dádivas.  Por eso, este tiempo de elecciones es una buena ocasión para promover debates y diálogos sobre la necesidad de hacer de la actividad partidaria un ejercicio ético y ciudadano comprometido con el bienestar público y común. Al mismo tiempo que la población consciente descubre y da un paso de avance en la construcción de una nueva sociedad, de una vida digna.