En una sociedad como la dominicana, en la que las y los ciudadanos tienen que sufrir una constante violación a sus derechos fundamentales y en la que una buena parte de la población vive marginada y con bajos niveles de conciencia, cautiva ideológicamente y dependiente del clientelismo promovido y mantenido por las principales corporaciones económico-partidarias y económico-religiosas, contar con la vigilancia, y el apoyo de organismos internacionales que nos ayuden a velar por los derechos fundamentales de los sectores sociales tradicionalmente excluidos, es un aporte que tenemos que aprender a valorar, en su justo significado.
La Constitución dominicana en su artículo 7 señala que “La República Dominicana es un Estado Social y Democrático de Derecho (…), fundado en el respeto a la dignidad humana y los derechos fundamentales…” No obstante esta declaración constitucional, en muchos casos es el mismo Estado dominicano el que se convierte en el principal violador de los derechos fundamentales, a través de sus instituciones y de un sistema de justicia corrompido, diseñado para castigar y condenar a las y los débiles y asegurar la impunidad para los poderosos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha dado a conocer recientemente su informe correspondiente al 2015: “Situación de los derechos humanos en República Dominicana”.,. Se trata de un análisis socio-político muy profundo sobre el respeto a los derechos humanos en el país. Dicho documento, que cuenta con 263 páginas, está redactado con un estilo ágil y prioriza la descripción de la violación a los derechos de las y los dominicanos de ascendencia haitiana, y a las y los trabajadores migrantes haitianos en República Dominicana.
El documento de la CIDH cuenta con los datos recogidos en la visita que un equipo de ese organismo hizo al país del 2 al 6 de diciembre del 2013, en donde entrevistaron a más de 3000 personas que acudieron al llamado de la comisión del organismo internacional, de las diferentes regiones del país, para informar sobre casos que incluyen la violación de sus derechos. El documento cuenta con una historia sobre los antecedentes que precedieron a la fatídica sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, que desnacionalizó a más de 200,000 dominicanos y dominicanas de origen haitiana. Analiza, además, los resultados de la ley 169-14 y del Plan de Regularización Migratoria promovido por el gobierno, con sus exiguos resultados. La CIDH se refiere, además, al racismo que está metido en la conciencia dominicana y es mantenido por los sectores del poder económico-partidario, como una forma de mantener su poder y su decisión de seguir utilizando la mano de obra de las y los migrantes en condiciones de neo-esclavitud.
La organización Transparencia Internacional acaba de hacer un aporte importante al país, al comunicar que el senador Félix Bautista ha quedado en cuarto lugar en una consulta mundial sobre los principales casos de corrupción pública. En algún momento de la consulta el dominicano estuvo en primer lugar en la votación. Y aunque el funcionario alegó que logró que los tribunales dominicanos y el sistema de justicia como tal se hicieran de la vista gorda, liberándolo de ir a un juicio de fondo, la organización internacional le pidió una documentación que éste no pudo presentar. De tal manera que a nivel internacional el caso Félix Bautista sigue presentándose como uno de los principales casos de corrupción en el mundo, de los últimos años.
Amnistía Internacional, en su reporte del 2015, sobre la situación de los derechos humanos en República Dominicana señaló algunos hechos en donde éstos han sido violados una vez más. Señaló que en el pasado año no se aprobó una ley de reforma de una policía que constantemente asesina a ciudadanos y ciudadanas y abusa de ellos y ellas. Señaló, además, que muchas personas de ascendencia haitiana seguían siendo apátridas a pesar de intento de aplicar una ley cuyo propósito era abordar y remediar esa situación (ley 169-14). No pudo entrar en vigor el nuevo Código Penal que despenalizaba el aborto en ciertas circunstancias. El Congreso tampoco adoptó una legislación que podría haber promovido la protección de los derechos de las mujeres y niñas de las personas pertenecientes al colectivo de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI).
El colectivo de los mal llamados neo-nacionalistas, que reproduce la ideología del neo-nazismo discriminatorio en la sociedad dominicana, señala que el aporte de estos organismos internacionales es una injerencia extranjera en los asuntos nacionales. Y confunden la identidad dominicana y la soberanía nacional con un supuesto derecho a seguir violando impúnemente los derechos de las y los dominicanos y dominicanas en general y en particular los de origen haitiano y de las y los migrantes que vienen a buscar mejores condiciones de vida, en la parte oriental de nuestro territorio isleño.
Bienvenido sea el aporte de los organismos internacionales que nos ayudan a visualizar las injusticias y abusos cometidos contra la población indefensa y nos recuerdan los derechos humanos fundamentales. Pues aun en medio del ruido del carnaval comercializado y del ruido ensordecedor de la campaña electoral, del hastío de la propaganda gubernamental y de la oposición, en tiempo de campaña electoral, éste un buen momento para que las personas conscientes y las organizaciones e instituciones comprometidas con otra sociedad posible, redefinamos las estrategias necesarias para continuar luchando por la construcción de una sociedad de justicia y de derecho, en la que se prioricen las políticas públicas orientadas a que los seres humanos y todos los seres vivos que habitamos en el territorio isleño, podamos vivir con dignidad y felicidad.