Carlos Daniel Santos es un obrero de Padre Las Casas, en la provincia de Azua, que es el padre de Carla, una de las niñas muertas en el hospital Robert Read Cabral el pasado domingo 6 del mes corriente. Carlos, con lágrimas en los ojos, pidió entrevistarse con la directora del centro para pedir explicación sobre la muerte de su niña.
Según la dirección del hospital Carla murió por mal funcionamiento del sistema de oxígeno; pero su papá tiene otra versión sobre el asunto. Según él su niña murió desnutrida por la falta de una sonda –llamada “levín”- por donde alimentar la niña. La pequeña Carla fue ingresada en el hospital cuando apenas tenía un mes de nacida por problemas para ingerir la comida, y según su padre, duró 20 días sin ingerir leche en cuidados intensivos, porque necesitaba una sonda que se pone por la nariz, que cuesta 1,500 pesos y que no se vende normalmente en el país.
Carlos denunció las precariedades del hospital Robert Read, cuando señaló: “El servicio que hay aquí es fatal; por eso recomiendo las madres y padres que tienen a sus hijas e hijos enfermos que no los traigan aquí. Aquí lo que dan es un suero. Los médicos no saben ni leer una placa”. Señaló, además, que una doctora de apellido Peña le cogió odio porque le reclamaba que le pusiera la sonda a la niña. Ante este reclamo en una ocasión la doctora le dijo, con gran indolencia, que “yo no tengo mis hijos internos en este hospital”.
El caso de Carla es parecido al de los demás 10 niños y niñas que murieron en el fin de semana 4-6 de octubre, y al de los 5763 que murieron en ese centro hospitalario entre los años 2006 y 2012, según las estadística que publica el Ministerio de Salud Pública en su página web, o a los 605 niños y niñas muertos en lo que va del año, 67 niños mensuales en promedio, lo que equivale a más de dos niños muertos diariamente, según lo expresó recientemente Waldo Ariel Suero, expresidente del Colegio Médico Dominicano. . La mayor parte de esas muertes se produjeron por causas que pueden ser evitadas, según lo planteó hace unos días en el país el Sistema de las Naciones Unidas.
El problema de las muertes infantiles no es un problema exclusivo del Robert Read; éstas constituyen una tragedia nacional. Las estadísticas sobre mortalidad infantil en el país son elocuentes: 27 de cada mil nacidos vivos no llegan a celebrar su primer cumpleaños. El 80% de las muertes ocurren en el período neonatal (antes de los 28 días) y entre las principales causas señala el informe de la ONU la contaminación bacteriana (35.6%) y la dificultad respiratoria (28.4%).
Es sabida la poca inversión estatal en el sector salud que en el año actual es de apenas un 1.8%. Y lo propuesto para el año 2015 es todavía menor. Esta baja inversión se refleja mucho más en los hospitales en donde van los más pobres. Pues de hecho hay hospitales que en la práctica sirven a los grupos de clase media, como la Plaza de la Salud en Santo Domingo, que reciben mucho más recursos. Y nos podemos preguntar, ¿cuál es el criterio tomado por el Ministerio de Salud Pública para hacer esta discriminación que perjudica a los hospitales a donde tiene que acudir la gente más empobrecida del país, así como las y los inmigrantes haitianos?
Según el especialista en asuntos presupuestarios José Rijo, el dinero de la salud pública asignado para los hospitales denominados autogestionables, nueve en total en todo el país, alcanzó la suma de 2 mil 645 millones y lo ejecutado a septiembre de este año un mil 765 millones para un 67 % de lo aprobado, es decir que a esos centros hospitalarios se les asignan más recursos y se les hacen las transferencias a tiempo, a pesar que los mismos aceptan seguros y pagos complementarios.
Por otro lado la situación económica de los hospitales de los más pobres se ha agravado después de que el gobierno eliminó la cuota de co-pago que se realizaba en los mismos. De hecho el gobierno eliminó la cuota sin que compensara esta acción con un aumento en la asignación al sector de salud.
El especialista en presupuesto José Rijo ha destacado, además, la poca inversión realizada en el área de la atención primaria de salud en el presupuesto que se está ejecutando este año: “Para la actividad de Servicios de Primer Nivel de Atención se presupuestó un ridículo monto de 28 millones y se han ejecutado 14, equivalente al 49% de lo aprobado. Situación ésta que no varía en el proyecto de ley de Presupuesto General del Estado para el año Fiscal 2015, sino que se agrava al ser disminuidas las partidas asignadas a las Regionales de Salud, donde ni siquiera se ha considerado la inflación proyectada del 4 % para el próximo año”.
Cuando analizamos las causas de la muerte de Carla y de las demás niñas y niños no nos podemos quedar en las simples conclusiones de la Comisión Presidencial designada para investigar el caso, presidida por la actual ministra de educación, Altagracia Marcelino. Las causas más profundas; no son solo la falta de oxígeno, o las bacterias que contagian a los niños y niñas, ni siquiera la falta de supervisión de los especialistas. Estas son más profundas.
Las verdaderas causas de lo que sucede hay que buscarla en la insensibilidad humana y en la falta de voluntad política del ejecutivo y del congreso para asignar los fondos necesarios y proveer los equipos adecuados y las medicinas necesarias para dar atención a la salud de los sectores más empobrecidos del país y en particular de uno de los grupos más vulnerables de la sociedad: las niñas y los niños, hijas e hijos de los sectores sociales más excluidos.
Las causas principales hay que buscarlas en la falta de decisión para cumplir con el derecho que los más pobres del país tienen a una salud de calidad, tal como lo estipula el artículo 61 de la Constitución: “El Estado garantizará, mediante legislaciones y políticas públicas, el ejercicio de los derechos económicos y sociales de la población de menores ingresos y, en consecuencia, prestará su protección y asistencia a los grupos y sectores vulnerables”.
A esto se añade, el haber permitido que la atención de la salud de los pobres se convierta en un negocio, en haber permitido que las ARS –y los bancos que las sustentan- se enriquezcan a costa del encarecimiento del sistema de salud; a esto se añade la imposibilidad de dar cobertura de seguridad social de calidad a las y los trabajadores chiriperos, así como a los indigentes. A todo esto, se añade la falta de ética profesional y la indolencia cómplice de muchas de las personas que componen el personal médico y administrativo de los hospitales públicos y del Robert Read en particular.
Como ha escrito la periodista Margarita Cordero, las muertes constantes de los niños y niñas del Robert Read y de los demás hospitales públicos del país no deben quedar en vano. Debe ser un llamado a la conciencia nacional, y en particular a quienes tienen la principal responsabilidad pública, el gobierno y el Ministerio de Salud Pública, a asumir un compromiso con la eliminación de las causas que provocan estas situaciones.
Es necesario seguir luchando para que se asigne un presupuesto digno para el área de la salud en general y en particular para los hospitales de los más pobres. Esto debe ser una campaña asumida como se realizó con lo del 4% para la educación. Es necesario descontinuar la práctica de utilizar fondos públicos para la salud sin que éstos provengan a través del canal de Salud Pública, porque éstos pueden ser utilizados de forma clientelar. Por eso se debe descontinuar la práctica de invertir fondos públicos en los hospitales provenientes del “cofrecito”, del “barrilito” o del despacho de la primera dama, entre otros.
Se necesita que los grupos e instituciones de la sociedad civil que aportan en el área de la salud, mediante diferentes proyectos orientados a los sectores sociales más empobrecidos, estén vigilantes, y sean capaces de denunciar los recursos de la salud pública que se emplean en la cuota de la corrupción, en el clientelismo partidario, para la compra de conciencias. Se necesita que los periodistas y los medios de comunicación sensibles sigan denunciando las precariedades del sistema y continúen aportando propuestas para su mejoramiento.
En definitiva el desafío es que el Estado, las instituciones de salud y los liderazgos comunitarios unifiquen esfuerzos para ir mejorando la calidad del servicio de salud para los sectores sociales más excluidos; pues cuidar la vida y la salud de los más pobres y en particular de los niños y de las niñas, como un deber ciudadano, es para corazones sensibles, conciencias lúcidas, voluntades decididas y para brazos solidarios.