En los últimos tiempos ha aumentado la preocupación por los niveles de violencia en las escuelas dominicanas, los cuales afectan la convivencia y la calidad de la educación. Esta preocupación es compartida a nivel internacional. En ese sentido, países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú han establecido “Estrategias e iniciativas legales en materia de convivencia escolar” (Díaz, 2014, citado por López, 2014), pues los países necesitan fortalecer los procesos democráticos y formar ciudadanos críticos y capaces de dialogar y vivir juntos en un mundo cada vez más competitivo y globalizado. Aunque se reconoce que la violencia escolar se corresponde con los fenómenos de violencia social.
Los especialistas indican que la violencia es una de muchas formas de resolver un conflicto, y el conflicto es parte de la vida cotidiana y de la vida escolar. Pero los estudios han comprobado que en escuelas y aulas con violencia frecuente, existe un deterioro del capital social y falta de habilidades para solucionar conflictos pacíficamente.
En las relaciones dentro y fuera del aula, se encuentran mundos diversos sustentados en experiencias y vivencias personales que se unen y producen una combinación entre la cultura nacional, local, de las familias y del centro educativo. Por una parte, los adultos docentes y por la otra, los niños y jóvenes estudiantes; así tiene lugar la convivencia escolar en un determinado clima de aula y laboral (Sandoval, 2014).
En ese contexto agrega, que lo tradicionalmente esperable es que en esa interacción social en el aula, los docentes enseñen y los estudiantes aprendan; los docentes usen metodologías de enseñanza aprendidas en la universidad y en sus prácticas pedagógicas y los estudiantes se motiven, haciendo lo que se espera de ellos: estudiar, aprender.
Dicho lo anterior, hay que reconocer que la escuela es un sistema organizado, institucionalizado y jerarquizado, cuyo fin es que los estudiantes conozcan, aprendan y manejen herramientas para desenvolverse en la sociedad, considerada como “una organización con un marcado acento en la satisfacción de necesidades intelectuales y académicas” (Arancibia et. al, 1999, citados por Sandoval, 2014). Satisfacción que se perjudica con hechos violentos como el del siguiente ejemplo, y de otros que recurrentemente suceden en muchas escuelas del país.
En mayo de este año, Daniel Alberto López Vásquez, estudiante de 18 años, agredió brutalmente a una compañera de 15, en el liceo secundario Morayma Veloz de Báez, del municipio de Bayaguana, Monte Plata. Este preocupante episodio, filmado y subido a las redes sociales fue viral; también fue noticia en radio y televisión, por lo cual, toda la sociedad vio lo que ocurrió en un centro educativo público, en presencia de la profesora que conducía una clase, supuestamente para construir conocimientos, aprender. Video.
A partir de esta bestial agresión, el Ministerio de Educación (MINERD) informó que preparó un protocolo y varios programas para abordar los conflictos escolares. Sin embargo, en el reciente pasado noviembre, varios medios de prensa, entre ellos Diario Libre, publicó, en letras grandes: La violencia es dolor de cabeza del sistema educativo dominicano, un reportaje escrito por Hogla Enecia Pérez. Y causa mayor alarma que en el mismo se afirme “las situaciones de violencia no solo se dan entre los alumnos, también de profesores a alumnos y entre los educadores”. En otras palabras, la violencia es colectiva en la escuela dominicana, pues también hay padres que agreden a los docentes.
El reportaje destaca que “El 51% de los y las adolescentes indicaron haber recibido acoso por otros adolescentes, el 46% reportó haber experimentado agresión física, 43% fue insultado mientras que el 20% dijo haber sido golpeado o que trataron de golpearles en sus genitales y un 18% dijo ser atacado por pandillas”. También informa que “En los últimos diez años, diversos estudios realizados por el Ministerio de Educación, así como organizaciones no gubernamentales y el Centro Nacional de Estadísticas, revelan los altos niveles de agresiones físicas y psicológicas entre los actores del sistema educativo nacional”.
A todo esto, la directora de Orientación y Psicología del MINERD, Minerva Pérez de Díaz, entrevistada por la reportera, plantea que la “entidad busca responder esos casos reforzando al personal de orientación y psicología en los centros educativos, así como apoyo a la familia y estudiantes involucrados en esos hechos”. Sin embargo, estas medidas no parecen que hayan sido efectivas para encarar la perjudicial violencia escolar; porque, si “reforzando al personal de orientación y psicología”, como expresa la directora, la violencia se mantiene y recrudece, indica que hay que apelar a otras medidas para minimizar estos comportamientos, ya que ese personal “especializado” ha sido incapaz de hacerlo. También preocupa que la directora no diga nada sobre los docentes, primeros orientadores y psicólogos, siendo estos aún más importantes, para que esa Dirección especializada desarrolle programas de manejo de violencia en las aulas.
Es importante resaltar que según López (2014), una estrategia que no funciona es la de contratar a psicólogos, asistentes sociales u otros profesionales afines para atender, en la escuela, en forma individual o a través de un enfoque clínico, los problemas de conducta de los estudiantes-problema, porque lo que funciona en materia de convivencia escolar son estrategias sistémicas a nivel de escuela completa, que contemplan acciones en los tres niveles que indica la Organización Mundial de la Salud para las intervenciones psicosociales: prevención primaria -indicada para el 100% de los estudiantes, secundaria -requiere de ciertas estrategias específicas y grupales para algunos estudiantes que, en el nivel anterior se encontró que estaban en riesgo y prevención terciaria -consiste en estrategias para estudiantes con riesgo alto. [ Link ]
La convivencia es la potencialidad que tienen las personas para vivir con otros, en un marco de respeto mutuo y de solidaridad recíproca. Se genera en la interrelación entre los diferentes miembros de la comunidad educativa del centro educativo y tiene incidencia significativa en el desarrollo ético, socioafectivo e intelectual de los estudiantes. Por tanto, es la forma más efectiva de prevención de la violencia escolar, la cual debe ser ejercitada por los docentes, para ser enseñada, aprendida y ponerla en práctica en todos los espacios de la vida escolar. Una convivencia escolar sana, armónica, sin violencia, incide directamente en la calidad de vida de todos los miembros de la comunidad educativa, en los resultados de los aprendizajes, en la gestión del conocimiento y en el mejoramiento de la calidad de la educación (Sandoval 2014).
En definitiva, la convivencia escolar se entiende como prevención de violencia, generación de climas escolares constructivos y formación ciudadana. Debería ser parte de la política educativa del país para garantizar a todos el derecho a la educación, como un derecho humano fundamental. Concebida así, ayudaría a construir la educación de calidad que merece el país.