Estamos en un momento difícil de la economía nacional isleña, caribeña, latinoamericana y mundial. A la realidad de inequidad en los ingresos económicos y en la posesión de bienes indispensables para vivir, se suma el proceso de deterioro del poder adquisitivo de la mayoría del pueblo dominicano, agravado por los gastos excesivos de la pasada campaña electoral, con sus consecuencias para la economía nacional, comunitaria y familiar.
El gobierno ha hecho un diseño del presupuesto nacional para el año 2017, por $711,399. De esos $171,886 millones, según el economista E. Tejera, se piensa cubrir con un mayor endeudamiento, con los mal llamados “bonos soberanos”. De nuevo, se trata de un presupuesto deficitario que contempla un endeudamiento. En otras palabras, el gobierno sigue con la vieja práctica de seguir gastando lo que se no se tiene y de seguir manteniendo la abultada nómina pública y el exceso de altos funcionarios inorgánicos, ganando salarios de lujo, como en el caso de Bienes Nacionales y en la esclerotizada INESPRE. A esto se suma el derroche del dinero público en corrupción, en altos salarios para los burócratas y las élites financieras, económico-partidarias. Mientras esto sucede, no hay dinero para un aumento general de salario, para mejorar las condiciones de la policía, ni para la exigua pensión de los cañeros, entre otros renglones significativos.
Una de las maneras más fácil que ha encontrado el gobierno para aumentar los impuestos directos y buscar dinero para aumentar los ingresos que sustentarían al presupuesto es todo lo relacionado con el área del transporte de cargas y de pasajeros. Dicho impuesto tiene un alto componente inflacionario, puesto que el aumento al costo del transporte de carga influye en los precios de los alimentos y de los servicios, entre otros renglones prioritarios.
El primer “palo acechao” que dio el gobierno fue la subida de los peajes que están situados en las salidas de la zona metropolitana del Gran Santo Domingo. De momento y sin previo aviso el gobierno decidió aumentar en un 100% los peajes de la 6 de noviembre, de la carretera Sánchez, de la Mella y de la Duarte. La acción fue calificada por la mayor parte de los usuarios como un abuso, mientras que los dueños de autobuses aprovecharon para aumentar enseguida el pasaje de aquellas rutas que pasan por los peajes, como en el caso de los usuarios de Haina y San Cristóbal, entre otros.
El otro impuesto aumentado es del marbete anual de las placas de los vehículos. Según publica la DGII en su página web, los nuevos precios a pagar serán: RD$1,500 para los vehículos con modelos hasta 2011 y RD$3,000 desde el 2012 en adelante. En una nota de prensa, Impuestos Internos indica que el aumento se hace “en el marco del esquema de ajuste por inflación previsto en el artículo 2 de la Ley 225-07”.
Otra medida tomada por el gobierno para recoger más dinero es la relacionada con la eliminación del subsidio al transporte de carga y de pasajeros. La misma acción no se aplica a las grandes corporaciones económicas que reciben combustible subsidiado. Con esta medida el gobierno recibirá más dinero por los impuestos, pues tal como se señaló, por cada galón subsidiado el gobierno dejaba de percibir unos $40 pesos.
A todo lo dicho anteriormente se suma el aumento antojadizo de los combustibles cada semana, según las necesidades del gobierno, sin que esto se maneje de forma transparente, acorde a la Ley de Hidrocarburos, 122-00.
Lo más preocupante de la situación antes las subida de los impuestos relacionados con el transporte de pasajeros y de carga, es que antes un gobierno abusador, decidido a buscar dinero para las necesidades públicas y para mantener el estatus de privilegio de un grupo de burócratas y tecnócratas, no existe en el país una articulación de organizaciones sociales, ni de partidos de oposición, con capacidad y decisión para defender los derechos de las y los usuarios. Por eso esperamos que organizaciones como la Fundación por los Derechos del Consumidor (FUNDECOM) se fortalezcan y se extiendan a lo largo del país. Pues los transportistas y otros empresarios, en alianza con los organismos del gobierno relacionados con el transporte público, terminan imponiendo cargas pesadas a la población en general.
Si nos quedamos tranquilos; si no reactivamos las organizaciones comunitarias y de base; si seguimos “embullados” con la lotería, con la pelota, con las telenovelas, mientras nos siguen dando palos acechados, seguiremos permitiendo el abuso de una corporación económico-partidaria opresora y pervertida, que ha perdido el rumbo y la cordura. ¿Hasta cuándo seguiremos viviendo con tantos niveles de inconciencia ciudadana y política?