El señor presidente de la República, Danilo Medina ha presentado al Congreso una propuesta de ley de ordenamiento territorial que requiere atención pública. La normativa a ser impulsada por el Estado dominicano, integra armónicamente la planificación y gestión participativa, organiza la ocupación del suelo, fortalece el capital local e impulsa la generación de empleos y riquezas.
La propuesta presidencial la examino releyendo a Manuel Castells. Su compresión económica, histórica y de evolución del espacio, hace que sus cátedras como profesor de la Universidad de Berkeley, California sean consulta obligada. Ante la tendencia europea fragmentaria que predominaba en el siglo XX, Castells reclamó gestionar y ordenar las áreas metropolitanas.
Castells subraya que lo que distingue las áreas metropolitanas no es sólo su dimensión, sino la inter-difusión de actividades productivas, financieras y sociales. Funciones que acontecen en un gran espacio concreto y que expresan la concurrencia de dinámicas sociales, independientemente de su contigüidad territorial. El concepto “concurrencia” es un aporte surgido de las reflexiones territoriales que acumula el Centro iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano (CIDEU).
Sabemos que desde hace más de 15 años está aconteciendo una nueva y amenazante dinámica urbana espacial en un gran territorio conformado por la ciudad de Santiago y su entorno conformado por los municipios de Villa González, Tamboril, Licey al Medio y Puñal; así como los distritos municipales de Hato del Yaque, La Canela, Jacagua y El Palmar.
Miles de actividades agrícolas, avícolas, porcicultoras, producción industrial, extracción minera de productos no metálicos, mercados, hospitales, escuelas, grandes cadenas comercializadoras, nuevas urbanizaciones y millones de toneladas de residuos sin procesar, crean un escenario generador de altísima presión mercantil y de gestión especulativa sobre el fértil suelo de Santiago y sobre todo fortalecen las tendencias para fragmentar el territorio, sin tener la vulnerabilidad y el riesgo como referencia.
Una dinámica que sólo puede ordenarse si todos los Ayuntamientos de estos territorios tuvieran normativas rigurosas de uso de suelo, con un personal técnico calificado, y fueran apoyados por los diversos ministerios del Estado que a nivel nacional dan permisos de uso, muchas veces sin contar con estudios de impacto ambiental y social y en varios casos que conocemos, aprueban obras y proyectos privados sin la debida consulta.
Aunque sólo el Ayuntamiento de Santiago entre más de 155 municipios, ha podido formular un Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y cuenta con una Oficina de Planeamiento Urbano y una actualizada cartografía de sus zonas; esa ventaja institucional sólo podría contribuir, si a propósito de la propuesta de ley presentada por el poder ejecutivo al Congreso, nos enfocamos como nación, en ordenar las grandes ciudades dominicanas, entre ellas Santiago.
La huella urbana del área metropolitana de Santiago es de 103.78 kilómetros cuadrados de ocupación del suelo con una población que edifica informalmente el territorio, muchas veces sin servicios de agua, alcantarillado, energía, alumbrado, conectividad, ni criterios de vulnerabilidad.
El BID en el contexto de la ICES de Santiago con el expertis técnico del IDOM, CDES y el Ayuntamiento han demostrado que el crecimiento la huella urbana que conforma el área metropolitana de Santiago semeja una mancha de agua salpicada que expresa un crecimiento urbano vulnerablemente desorganizado. Es un hecho consensuado que en cada uno de los municipios y distritos de Santiago Metropolitano se afronta un verdadero desorden territorial, altamente preocupante y riesgosamente amenazante.
Entendemos que en el área metropolitana ha llegado el momento de compartir y mejorar la experiencia y gestión territorial, y debemos hacerlo vía las experiencias acumuladas por el Consejo Estratégico de Santiago (CDES), contando con el auspicio del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y la Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles ICES-BID. De acuerdo a los estudios realizados, el área metropolitana es una superficie geográfica no administrativa, ni legal que se ha ido delineando basado en las nuevas imágenes satelitales de Santiago (2014), cuya potencial gestión territorial no tiene todavía, ningún tipo de fundamento institucional, ni herramientas de trabajo.
Castells, Gillmore y otros urbanistas de fuste, demuestran que la coyuntura oportuna de actuación para ordenar con impacto un área metropolitana, es cuando la densidad de la población decrece, aumenta el tiempo para tener acceso a la gran ciudad y asimismo se eleva el valor monetario de la producción que se concentra en la ciudad eje, igualmente como acontece en Santiago. Antes que la fragmentación territorial, la gestión metropolitana es un elevadísimo objetivo y misión estratégica que debemos resolver entre todos.