El pasado 19 de junio la prensa informaba sobre la publicación de un manifiesto en la que un grupo de ciudadanos y ciudadanas hacían varias propuestas, en vista al fortalecimiento democrático del país, que incluía la solicitud de renuncia del actual presidente Danilo Medina, la celebración de una asamblea constituyente y la creación de un nuevo orden democrático.
La demanda sobre la renuncia del actual presidente estuvo acompañado de otras dos:
1.- Acuerdo ciudadano político, entre actores políticos y sociales decididos a romper con el sistema de corrupción incluyendo la de sus propios dirigentes. Afirmaron las y los demandantes: “El gran acuerdo incluirá los puntos esenciales de la agenda de un nuevo gobierno de transición cuyo compromiso principal será la organización de una Constituyente por elección popular”.
2.- Propuesta de un nuevo orden democrático. Afirmaron además: “Los actores políticos y sociales movilizados en la Marea Verde asumimos avanzar hacia un nuevo orden político democrático que garantice servicios públicos de calidad, distribución más equitativa de las riquezas, garantía de los derechos y libertades individuales y un sistema electoral equitativo que abra las puertas a los derechos políticos de la ciudadanía”.
Las reacciones ante la solicitud de renuncia del presidente no se hicieron esperar, sobre todo de sectores ligados al oficialismo. Quizás la declaración más llamativa fue la del presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaños Guzmán, quien se alineó y con un tono defensivo señaló que el actual presidente, “tiene la unción del voto popular que se manifestó en él de una manera incuestionablemente mayoritaria y cualquier persona que atente contra esa unción está generando una contra reacción y vendrán unas maldiciones tan grandes, si esas personas se salen con la suya, que eso les afectará a ellos y probablemente a sus descendientes también”. Miguel Vargas Maldonado, por su lado, calificó la demanda como “absurda y afrentosa, pues choca contra el ordenamiento constitucional y revela el talante antidemocrático de sus autores y firmantes”.
Por otro lado, algunos comentaristas han señalado que no es la primera vez que en el país se propone la renuncia del presidente de la República; de hecho el mismo PLD exigió la renuncia del presidente Salvador Jorge Blanco en 1985, y más tarde, tras las elecciones de 1990, cuando el presidente Joaquín Balaguer fue declarado ganador frente a Bosch como principal contendor, el PLD promovió una campaña exigiendo la renuncia inmediata del líder reformista, a quien acusaba de haber cometido “un fraude colosal”.
El grupo que firmó la declaración se identifica con la ideología y la práctica del Movimiento Verde; de hecho plantea la ilegitimidad del actual gobierno y hace alusión a la lucha contra la corrupción y la impunidad enarbolada por este movimiento. No obstante, tendríamos que preguntarnos no solo sobre la posibilidad real de la renuncia del presidente, sino también sobre la conveniencia política de que esto se realice en estos momentos.
A este grupo de personas que presentó sus propuestas hay que reconocerles el derecho que les asiste al presentar su solicitud. No obstante, es iluso pensar que ese grupo enriquecido que está en el poder utilizando todos los medios posibles, que controla el Congreso Nacional y las Altas Cortes, estaría en disposición de abandonarlo por el simple hecho de que se le solicite. No lo van a hacer, pues no hay que olvidar que esa corporación económico-partidaria ha perdido toda racionalidad ética y política y su único fin pareciera seguir acumulando riquezas y poder a cualquier precio, con las evidentes consecuencias para sus víctimas, la mayoría del pueblo dominicano.
La Marcha Verde más que pedir la renuncia del presidente, que es solo la cabeza visible de un poderoso grupo económico-partidario, esencialmente corrupto y desalmado, que he llamado el PL-Danilismo, enfrentado a otro grupo, el PL-Leonelismo, debe seguir demandando que sean procesados todos los involucrados en los actos de corrupción y que se les haga devolver el dinero y los bienes robados. Además, deben ser incluidos no solo los casos relacionados con Odebrecht, si no todos los demás que están pendientes.
Por otro lado, la gestación y creación de un nuevo orden democrático no se va a lograr solo con hacer marchas exitosas, o llamados continuos por el fin de la corrupción y la impunidad por las llamadas redes sociales, por radio, televisión o por otros medios de comunicación.
Será necesario gestar una fuerza política que articule a los sectores progresistas, parecida a la de Podemos de España, que con conciencia ética y vocación democrática, vaya aumentando su representación en los gobiernos municipales, y en los poderes legislativo y judicial, de tal manera que esa nueva agrupación política se vaya haciendo presente allí donde se toman las decisiones económicos y políticas que afectan la calidad de vida de toda la población. Para que, tal como ha señalado M. Bosch, no sigamos “atajando para que otros enlacen”.