El pasado proceso eleccionario y los cuestionados resultados de los comicios, considerados por algunos analistas como unos de los más fraudulentos y poco transparentes de la historia nacional, demandan la necesidad de realizar alianzas y pactos, entre los diferentes sectores sociales, económicos, políticos y comunitarios para lograr alianzas, convenios y pactos para el fortalecimiento democrático e institucional del país.
Max Puig, presidente del partido Alianza por la Democracia (APD), aseguró en esta semana que se requiere que todos los partidos de la oposición, y las instituciones y organizaciones de la sociedad civil se unan para hacer presión con la finalidad de lograr la “reapertura democrática” del país. Señaló que nos encontramos en un momento de “trance institucional muy difícil de la vida de la historia del país, situación que no lo podrá resolver nadie solo”.
Estamos a días del inicio de una nueva administración gubernamental, con funcionarios elegidos tanto en el nivel nacional, congresual, como en los gobiernos locales. En estos niveles se trata, en la mayor parte de los casos, de funcionarios pertenecientes a los partidos del “Sistema”: PLD, PRD, PRSC, PRM y una exigua representación de partidos pequeños. Si tomamos en cuenta las prácticas cotidianas de los partidos y gobiernos, que han gestionado al país en los primeros 15 años del presente siglo XXI, podemos señalar entre los principales retrocesos democráticos e institucionales, los siguientes:
1.- Un poder ejecutivo, nacional y municipal, cada vez más centralizado en una persona que a su vez es dependiente de poderosas corporaciones económicas y partidarias.
- Un congreso que legisla al servicio de los intereses del poder económico y partidario, y de sus propios intereses, y que en la mayor parte de los casos no realizan una representación real de los territorios en donde fueron elegidos.
- Una justicia maniatada y dependiente del poder de las corporaciones económicas y partidarias quienes son los que tienen la potestad de elegir, poner y quitar a jueces y funcionarios del área judicial como en el caso del procurador general de la República. Entre las sentencias más cuestionadas de estos años está la sentencia relacionada con el caso de la Sun Land (2008), el veredicto de “no ha lugar” en el caso de acusación contra el actual senador por San Juan, Félix Bautista, y la fatídica sentencia 168-13 (2013), que desnacionalizó a más de 200,000 personas dominicanas de origen, fundamentalmente, haitiano.
4.- Aumento excesivo de empleados públicos, de “nominillas” y de gente que cobra sin trabajar, bajo los títulos de “asesores”, “supervisores”, “empleados temporeros”…
5.- Falta de empleos dignos y fortalecimiento del clientelismo en programas de “asistencia social” y de “transferencias condicionadas”.
6.- Economía dependiente de fuentes externas de producción: turismo, zonas francas, remesas, tráfico y consumo de drogas y de armas. A esto se añade las consecuencias de la quiebra de los bancos en los años 2003-2004, así como el excesivo endeudamiento público, interno y externo, además de los grandes déficits fiscales, como los creados en los períodos electorales y post-electorales del 2012 y del 2016.
7.- Una reforma constitucional elaborada por los congresistas sin participación popular (2010). A esto se añade las sucesivas reformas constitucionales hechas para fortalecer el presidencialismo, la imposición de proyectos reeleccionistas (2002, 2010,2015) y el poder de determinada corporación económica y partidaria. Esto llevó a que algunos de los avances de la reforma constitucional del 1994, que prohibía la reelección consecutiva e instituía la separación de las elecciones presidenciales y congresuales fueran echados hacia atrás en la Constitución del 2010.
8.- Un sistema de partidos sin formación política y sin ideologías éticas que genera funcionarios públicos sin sentido del deber y del servicio a los mejores intereses de la nación.
El representante del CONEP, Rafael Blanco Canto, habló a finales del mes de Junio pasado, y en el contexto del debate post-electoral, de cuatro pilares fundamentales para sostener un pacto social, económico y político. Se refirió a la necesidad de la aprobación de nuevas leyes: Ley Electoral, de Partidos y de Responsabilidad Fiscal, que establezca un mayor rigor en el uso del Presupuesto Público y en el cumplimiento de los topes presupuestarios, los déficits y la deuda pública. Se refirió, además, el líder empresarial, a la necesidad de trabajar por lograr la plena independencia y fortalecimiento de las instituciones llamadas a implementar y regular todo lo relativo al proceso electoral y a garantizar el cumplimiento de las leyes relacionadas con los procesos eleccionarios y el adecuado manejo fiscal de los recursos públicos.
Entre los pactos políticos más significativos que han sido logrados en el país en las últimas dos décadas están los acuerdos políticos realizados en 1994, en medio de una crisis post-electoral, así como la Ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo (2012), la asignación real del 4% del PIB para la educación inicial, primaria y secundaria (2013), y el pacto por la Educación (2014).
Se habla de algunos pactos políticos y económicos pendientes, los cuales ya fueron postulados en la Ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo (1-12): el pacto fiscal y el pacto eléctrico. Hay quienes postulan también que hacen faltan otros pactos, como el relacionado con el aumento del presupuesto para el área de la salud y para el cuidado ambiental, así como el pacto por la independencia de la justicia y la lucha contra la corrupción impune.
En definitiva, lo más importante no es elaborar pactos que se quedan en papeles y documentos, sino que los diferentes sectores sociales, y en particular el gubernamental, hagan lo posible para que lo acordado se cumpla. Es ahí en donde se debe poner el énfasis. Pero eso solo será posible si hay una constante y articulada responsabilidad, vigilancia y presión social. Solo así se logrará la “reapertura democrática” del país, propuesta por M. Puig.