SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La cita para firmar el Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico es mañana jueves 25 en el Salón Verde del Palacio Nacional. El acto se celebrará sin consenso de las tres partes (empresariado, laboral y social) y con la promesa de que esos desacuerdos seguirán en discusión hasta lograr el convenio.
El documento que se firmará este jueves, es básicamente el mismo que se acordó en octubre 2017, con 212 consensos, que ahora "son el texto íntegro del documento del Pacto Nacional Para la Reforma del Sector Eléctrico". También tiene, al final de las 48 páginas que se firmarán mañana, 14 puntos de disensos, que seguirán debatiéndose en próximas reuniones de trabajo.
Parte de la razón por la que el Pacto Eléctrico no había sido zanjado antes, aún con la intención de este Gobierno, es porque los representantes del sector social, que a su vez, es la cara más cercana al interés ciudadano dentro del Consejo, no cedían en el contenido.
"Es un pacto entre el sector empresarial y el Gobierno. Ahí no está representado el sector social, y por ende, los consumidores comunes y corrientes", critica el director del Instituto de Energía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), José Luis Moreno. La UASD, que es miembro del CES y representa al sector social, fue una de las que condicionó este acuerdo.
"Los motivos de esa firma acelerada está en el interés particular de las empresas de generación, para garantizar sus privilegios. Se trata del mismo pacto del 2017, firmar por firmar aunque el el fondo no resuelve nada", subraya Moreno.
El documento que se encuentra colgado en la web del Consejo Económico y Social (CES) y que se pactará mañana, incluso tiene las fechas viejas, sin actualizar, del cronograma de metas de reducción de pérdidas que se estableció cumplir entre 2017 y 2022.
En qué no hubo acuerdo
Entre los 14 puntos sin acuerdo, se encuentran la propuesta de que las distribuidoras de electricidad paguen a los usuarios una compensación por la energía no servida, como lo establece la Ley 125-01 de Electricidad, una vez completado el Plan de Reducción de Pérdidas.
Además, que en lo adelante los contratos de compras y ventas de energía sean realizados por las Empresas de Distribución de Electricidad (EDE) mediante procesos de licitación pública.
Otro desacuerdo que queda para el futuro es el modelo de negocio que tendrá la Central Termoeléctrica Punta Catalina. El sector social había propuesto, sin consenso, que el Estado presentara un modelo de negocios para Punta Catalina "que garantice la incorporación de la inversión, en acciones corporativas propiedad de los ciudadanos, pequeñas y medianas empresas, de las cooperativas y de la gran empresa, en una sumatoria que nunca será superior al 49% del conjunto accionario de esa empresa generadora estatal".
El pacto eléctrico se remonta al año 2012, cuando se aprobó la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 que, condicionaba el desarrollo social de República Dominicana al consenso por parte de la sociedad, gobierno y empresariado para firmar tres pactos: el educativo, el eléctrico y el fiscal.
De los tres, solo el educativo fue firmado en 2014, dos años después de las elecciones presidenciales del 2012 que empujaron a Danilo Medina a comprometerse con cumplir el reclamo social del 4% del Producto Interno Bruto (PIB), para la educación.
El presidente Luis Abinader, en un discurso que ofreció en octubre pasado, dio seis meses para concluir con los dos pactos faltantes, el eléctrico y fiscal. Ese plazo de seis meses se cumple al terminar de abril.