La historia de Tere es una muy repetida en el escenario de violencia en República Dominicana. Ella se había dejado del marido por infiel y una noche el hombre le llegó de sorpresa y preguntó: “¿Cenaron los muchachos?”.
Tere dijo que sí, pero esa hambre por falta de dinero se manifestó con fuerza en las quejas de los niños. El hombre sacó 100 pesos del bolsillo y desde aquella noche ella aseguró con la reconciliación, la cena del resto de las noches.
La dependencia económica de las mujeres víctimas de violencia de género con su maltratador es casi como una regla. La ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, cuenta que a las casas de acogida donde se resguardan los casos de violencia más dramáticos, llegan mujeres con tragedias repetidas: no denuncian hasta cuando la vida está en el hilo, y cuando sucede, quieren retirar las querellas.
“Cuando indagas a fondo te das cuenta. Dicen es que él mantiene a mis hijos o y si él está preso, ¿cómo pago la casa y comida de los muchachos?”, cuenta la funcionaria.
La ausencia de autonomía económica responde a un patrón del mercado laboral donde la mujer domina la cifra de desempleo. Mientras la tasa de desocupación abierta (personas sin trabajo, aun cuando hicieron diligencias para emplearse) en las mujeres fue de un 12.4 % entre abril y junio de este año, la de los hombres fue tres veces menor, un 4.1 %. Lo mismo que los números de pobreza que dejó la pandemia: por cada 100 hombres pobres, hay 118 mujeres.
Las cifras de feminicidio es la manifestación más concreta de esa dependencia económica. De 56 mujeres fallecidas este 2021, 23 eran amas de casa (41 %) y cinco eran estudiantes (9 %). También murieron cinco empleadas privadas, dos profesoras, una recepcionista, una cajera, una militar y hay 17 casos desconocidos.
La reparación económica es reconocer que no es posible salir del círculo de la violencia, si la mujer no tiene apoyo económico”, Mayra Jiménez
Por esta desigualdad de origen es que las políticas de atención a la mujer no se limitan a la protección física de la maltratada o a los proyectos que impulsa el Ministerio de la Mujer, sino que se van sumando las iniciativas desde diversas instituciones públicas involucradas, como Salud Pública, Procuraduría, Gabinete de Políticas Sociales o Conani.
El costo para el Gobierno de la desigualdad y violencia hacia la mujer se estiman en 2,725 millones de pesos contemplados solamente entre enero y octubre de este año. Es el “ejercicio de estimación” que hace la Dirección General de Presupuesto, cuando suma los fondos destinados a atender la “equidad de género”, en tres renglones claves: gastos de protección social, Ministerio de la Mujer y otros programas con impacto en materia de equidad de género, lo que implica que este monto no abarca la totalidad de los recursos que se destinan a estos fines.
En este monto disponible, se incluye inversiones relacionadas a la salud y embarazo, atención a la violencia, promoción de derechos e iniciativas de desarrollo de empleo.
De manera detallada, en atención a la violencia la estimación apunta a unos 1,042 millones de pesos, de los cuales 373 millones se destinaron para las casas de acogidas o refugios, otros 276.7 millones en prevención y atención a la violencia contra la mujer e intrafamiliar, 247 millones para el proyecto “Ciudad Mujer” del Gabinete de Políticas Sociales y 146.2 millones de gastos en la Procuraduría General de la República, esencialmente en atención a víctimas de la violencia, de género, intrafamiliar y delitos sexuales.
Para este 2021, solo el Ministerio de la Mujer recibió un presupuesto de poco más de 1,000 millones de pesos, de los cuales, la ministra Jiménez estima en más de 600 millones se van exclusivamente a las áreas de prevención y atención a la violencia de género, lo que supera el 50 % de su presupuesto de la institución. Cuando se calcula mes por mes, equivale a unos 50 millones de pesos mensuales, que, de acuerdo con la ministra, quedan cortos.
Como ejemplo, cuenta que se ha destinado entre 35 y 40 millones de pesos en el diseño y ejecución de una campaña nacional que busca dar a conocer los servicios del Ministerio de la Mujer, bajo el título “Una vida sin violencia es posible” y que inició en agosto pasado. La campaña responde a una necesidad identificada de dar a conocer los servicios disponibles Ministerio de la Mujer, de manera gratuita.
La labor de prevención es fundamental y es muy costoso prevenir porque la violencia también tiene que ver con problema del tipo cultural, del tipo estructural”
Los 56 feminicidios, una cifra más que no hay forma de compensar. No hay dinero, ni programas, ni política que reponga el dolor de enterrar a destiempo a una hija o madre, hermana, compañera, vecina. “Muchas veces la gente dice ‘pude haber hecho algo, pude haber denunciado, pude haber entrado y no entré. Sabía que le daba, que la maltrataba y tampoco hice nada’. Vivir con eso no es fácil…”, concluye la funcionaria.