Guillermo Moreno tiene razón. El presidente de Alianza País dice que la Junta Central Electoral le ha negado un derecho que le corresponde a todos los asociados a la organización política que postula a este político de la nueva generación a la presidencia de la República.
La JCE no tiene forma de explicar que han pasado dos años desde que Alianza País depositó su expediente para el reconocimiento de esa organización política. La solicitud se formalizó el 6 de marzo del 2013, luego de validar los datos recopilados y tener abiertos por lo menos 33 locales en todo el país.
El 18 de agosto del 2014 el presidente de la Junta Central Electoral, que es un militante del Partido de la Liberación Dominicana, ofreció garantías a Guillermo Moreno y a la dirección de Alianza País de que se procedería con la inspección de los datos proporcionados para el reconocimiento.
Alianza País debía registrar 90 mil firmas y depositó 111,293 firmas. Esto representa más del 2% de los votos válidos de la última elección presidencial, en la que Alianza País fue la tercera fuerza política más votada, pero no consiguió mantener vigente el reconocimiento.
Luego, el 20 de noviembre de 2014 el presidente de la JCE, Roberto Rosario, anunció que sería la segunda quincena de febrero del 2015 cuando se procedería a la inspección de los datos aportados por Alianza País. Volvió a decir que sería en el mes de marzo, debido a que la inspección se haría simultáneamente en todo el país, firma por firma. Hicieron una primera inspección en el Distrito Nacional, y jamás visitaron un local o un comité de trabajo de Alianza País.
Si la voluntad de la JCE es dejar fuera del proceso político a Alianza País y a Guillermo Moreno, se le está viendo con mucha claridad su intención. Esto es antidemocrático, y en un organismo electoral que se precie de imparcial, se debe dar por lo menos la apariencia de actuar con equidad. Con Alianza País esa equidad se fue por la borda hace rato.
Para adelantar los pasos, y para presionar decentemente al Pleno de la JCE, Alianza País realizó su propia auditoría de las firmas entregadas, tomó fotografías de todos los locales abiertos, incluyó una lista de locales con número de teléfono, dirección y forma de llegar. También tomó fotografías de los comités, incluyendo los del exterior del país y los entregó a la JCE.
Y como la JCE argumentó, casi como una burla, que la verificación de los datos no se hacía por falta de recursos, Alianza País hizo los cálculos de horas, dietas, combustible y otros detalles que habría que invertir, y determinó que con apenas 180 mil pesos se realizaba la auditoría. Si eso era lo que faltaba que ese dinero sería recogido por la entidad y entregado a la JCE.
Pero no. Aquí está operando la retaliación. Es adrede que le están quitando tiempo a Guillermo Moreno y a su equipo, le están quitando recursos y lo están dilatando para que no tenga formalidad en sus actuaciones. Sin el reconocimiento ni siquiera puede tener cuentas bancarias.
Nunca antes un partido político había pasado tanto trabajo para que le reconocieran en el organismo electoral. Por eso es razonable que Guillermo Moreno y Alianza país estén en vigilia en todas las oficinas de la JCE demandando el reconocimiento. No es justo que esto le esté pasando a uno de los políticos más honestos con que cuenta la sociedad dominicana, y quiéralo la JCE y Roberto Rosario o no, es una realidad con la que habrá que contar para el proceso electoral del 2016. Con reconocimiento de la JCE o sin él. Y el país sabe la cantidad de ventorrillos políticos que existen, reconocidos por la JCE, sin el menor pudor y sin ningún rigor. Guillermo está pagando el precio de la honestidad y la verticalidad en materia política. Él no es un saltimbanqui, ni un tránsfuga, ni un clientelista y negociante de la política.