El gobierno de Venezuela acaba de concretar un atentado al régimen democrático, y más claramente que hace cinco meses cuando mediante decisión de la Corte Suprema de Justicia anuló las funciones de la Asamblea Legislativa: Este viernes la Asamblea Constituyente, electa para cambiar la Constitución, asumió las funciones de la Asamblea Legislativa, y de facto Venezuela entró en lo que popularmente en America Latina se conoce como golpe de Estado legislativo, que ya una vez lo hizo Alberto Fujimori en Perú, y muchos otros pichones de dictadores en otros lugares del continente.
Causa mucha indignación el derrotero que ha tenido la crisis en Venezuela. Nicolás Maduro y sus acólitos, en vez de procurar un entendimiento con la oposición, y de intentar soluciones a las graves carencias que tiene su país, y que vive la mayoría de los venezolanos, siguió el camino de la confrontación antidemocrática: En primer lugar reprimir las manifestaciones de protesta, lo que trajo la muerte de más de 100 personas, y en segundo lugar destruir lo poco que quedaba del sistema democrático, que fue la elección de la Asamblea Legislativa, en donde el número de diputados de la Mesa de la Unidad Democrática triplicaba al número de diputados del Partido Socialista Unificado.
La represión contra los legisladores, la anulación de la Asamblea Legislativa, el encarcelamiento de los alcaldes de las ciudades más importantes, por ser opositores al gobierno, la represión contra los militares sobre los que hubo dudas, con acusaciones de conspiradores, la destitución ilegal por parte de la Constituyente de la fiscal general Luisa Ortega, quien debió abandonar el país por la represión desatada contra ella y su familia, incluyendo el apresamiento de su esposo, diputado German Ferrer, son parte de las medidas represivas del gobierno dictatorial de Venezuela.
Esto incluye el reapresamiento de Leopoldo López, quien se encontraba en prisión domiciliaria, y el reapresamiento del Alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, quien luego de dos años bajo prisión, estuvo en prisión domiciliaria y otra vez lo volvieron a encerrar. Ninguno de los actos de los órganos de gobierno en manos de la oposición han sido reconocidos con los nuevos dictadores de Venezuela. Ahora a los legisladores sin funciones les llaman vagos y les insultan, aparte de algunos se encuentran en cárceles o han sido golpeados salvajemente, como ha sido costumbre de las fuerzas policiales, militares y paramilitares que operan con impunidad en Venezuela.
No hay que llamarse a engaños, no se trata de ninguna agresión externa, ni de interés por intervenir en los asuntos internos de Venezuela. La comunidad internacional, y en particular los organismos internacionales y los países de América Latina, tienen la obligación de rechazar al régimen madurista por sus atentados a la Carta Democrática Interamericana y por someter a los venezolanos a la dictadura que ahora padecen, agravada por la carencia de alimentos, medicamentos y los servicios elementales del mundo de hoy.
Venezuela padece y los países democráticos deben entender y apoyar a los venezolanos. Millones de venezolanos están migrando. Miles han llegado a la República Dominicana, a buscar alguna forma de sobrevivir, con un poco más de dignidad. Cientos de miles se han marchado a Estados Unidos, y otros cientos de miles han pasado la frontera con Colombia, o se han ido a Perú, Argentina, Chile, Panamá y cualquier país que los acoja.
El gobierno de Nicolás Maduro ha rechazado todos los esfuerzos de mediación que se han intentado desde su fraudulenta elección el 14 de abril del 2013. La diferencia de votos emitidos entre Maduro y el candidato opositor, Henrique Capriles, fue de apenas 200 mil votos. La elección de la Asamblea Constituyente, en 2017 fue también otro gran fraude antidemocrático, una burda patraña con el propósito de anular la Asamblea Legislativa, que ahora concretan con una jugarreta revestida de tinte legal.
A Maduro y a su grupo hay que repudiarlos hasta que terminen con sus patrañas antidemocráticas.