Uno de los déficit democráticos de la sociedad dominicana se encuentra en los organismos responsables de organizar las elecciones y dirimir los conflictos de los partidos y de los procesos electorales.
En ambos casos hay serias dudas, y este malestar lo expresan amplios sectores nacionales no necesariamente vinculados a la política partidaria.
La Junta Central Electoral (JCE), encabezada por el doctor Roberto Rosario Márquez, es una entidad que se ha distanciado de la idoneidad de un organizador-árbitro. Esto, no sólo porque por su presidente, fuera vice-secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, sino porque en muchas ocasiones se ha comportado como un autócrata en la toma de decisiones, imponiendo sus puntos de vista sobre los demás miembros.
El pleno de la JCE, que se supone integrado por profesionales íntegros que no responden a intereses políticos particulares, es manejado de manera controvertida por el doctor Rosario, quien tiene garantizada una mayoría mecánica de tres votos, por las decisiones previamente consensuadas entre Rosario Graciano -ex viceministra de Relaciones Exteriores- y César Féliz Féliz, inicialmente vinculado al Partido Reformista Social Cristiano, y que hoy asiente con prácticamente todo lo que propone el presidente de la institución organizadora de las elecciones y responsable del registro civil.
Rosario Márquez se ha agenciado una suerte de baluarte mediático. También ha realizado cuantiosas inversiones para potenciar su imagen interna y externa, como si la JCE sirviera de escalón para ambiciones mayores, ya sea en el ámbito de la política o del servicio público.
Por otro lado, el Tribunal Superior Electoral, presidido por Mariano Rodríguez, es una entidad al servicio de la política oficial o por lo menos del partido de gobierno, y sus decisiones mayoritarias responden a los intereses del actual liderazgo Partido Revolucionario Dominicano (PRD), y del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). La mayor parte de sus integrantes son de ambos partidos.
Tienen que pensarlo muchas veces los interesados en acudir a esa corte a buscar justicia, porque lo ocurrido a Guido Gómez Mazara, a Geanilda Vásquez y a la mayoría que disiente de Miguel Vargas Maldonado es apenas una muestra de hasta dónde el secuestro institucional allí ha sido efectivo.
Esa es nuestra realidad institucional con miras a las elecciones del 15 de mayo de este año. El ambiente de observación electoral, como garantía y reforzamiento de la credibilidad de las elecciones, ha sido reducido al mínimo. Antes la observación se realizaba con libertades y hasta con buenas relaciones con los organismos oficiales. Ahora la JCE se ha tornado sumamente celosa a la hora de autorizar quién observa, si es posible observar y cómo se observa, y hasta dónde se puede llegar en esa labor voluntaria aceptada en todas las democracias.
En las elecciones del 2012 el presidente de la Junta Central Electoral quiso establecer su propia red de observadores electorales. Del mismo modo que realizó una ingente gestión para controlar -como finalmente consiguió- los movimientos y actividades de los observadores internacionales, quienes se sujetaron a la agenda de la JCE. Tabaré Vásquez, hoy presidente de Uruguay, quien fuera el jefe de la misión de observadores enviados por la OEA, utilizó la propia plataforma de la JCE para ofrecer su rápido informe sobre los resultados de las elecciones.
La experiencia indica que el país deberá retornar a los organismos electorales independientes. Hay un modelo todavía en la memoria colectiva: la gestión de Don César Estrella Sahdalá, en las elecciones de 1996, que proclamó la victoria electoral del doctor Leonel Fernández, en un proceso pulcro, transparente, con una observación electoral independiente y con la mejor comunicación con todos los actores políticos.
Por más promesas que se hagan, tomando en cuenta los antecedentes, las fobias y otras truculencias, el proceso electoral del 15 de mayo no tiene las certezas que debía tener en el organismo responsable de organizar las elecciones, ni las tendrá en el organismo que tiene como rol dirimir los conflictos de naturaleza política y electoral.
Hay que apostar a la cordura y a que en las nuevas designaciones de jueces en esas cortes se vuelva a seleccionar funcionarios sin vínculos con los partidos políticos. En aras de la democracia, de la equidad y de la transparencia.