Editorial

Ideas para el diseño de políticas públicas de seguridad ciudadana

Para dotar al país de un cuerpo policial que realmente represente la salvaguarda de la vida y bienes de la población, se requiere de la disolución de la actual Policía Nacional y su sustitución por otra corporación, creada bajo otra filosofía, otros parámetros y otras personas, con otro tipo de formación y valores

Por Francisco I. Cáceres Ureña

Acto Policias Nacional en Los Alcarrizos ©Emil Socías/acento.com.do

La seguridad ciudadana es un componente importante del estado de bienestar de la población, y es el resultado de la convergencia de una serie de acciones oficiales que impactan en la conducta social. En el caso actual de la República Dominicana, este último elemento se ve influenciado por una serie de factores, entre los cuales se distinguen: a)  la exclusión social, producto de la forma muy desigual de distribución de la riqueza: b) la débil presencia del Estado en aspectos centrales en la vida de las personas; c) la corrupción tanto en el sector público como en el privado; d) la impunidad frente a las transgresiones a la Ley, sobre todo cuando los protagonistas de éstas son funcionarios gubernamentales o personajes importantes dentro de la administración privada; e) la debilidad del Sistema Judicial; y f) la existencia de un aparato policial corrompido a todos los niveles; entre otros problemas.

La violencia que cada día hace más insegura la interacción de las personas con su entorno debe ser enfrentada a partir de políticas públicas socialmente incluyentes sobre una plataforma de democratización del espacio social. En la consecución de este objetivo, hay tres aspectos que juegan un papel preponderante desde el corto plazo. En primer lugar, el diseño e implementación de políticas tendentes a la inclusión social focalizada en grupos poblaciones asociados a mayores riesgos de convertirse en perpetradores de violencia. En segundo lugar, imposición de estrictas medidas de desarme de la población civil y control del porte y tenencia de armas por parte de personal policial, militar o con algún vínculo con estas instancias. Y tercero, la sustitución de la Policía Nacional por otra entidad a cargo del orden público.

  1. Algunas políticas públicas socialmente incluyentes

Estudios hechos por Naciones Unidas ponen de manifiesto que el combate a la violencia a través métodos represivos, lejos de erradicarla la fomenta y reproduce. Por el contrario, a través de iniciativas como el mejoramiento y adecuación de la educación y formación de los recursos humanos con perspectiva de habilitación para el trabajo, el deporte, la cultura y recreación, el empleo y elevación de los niveles de ingresos, así como otras formas de participación es posible integrar a la población, de manera especial a los niños, adolescentes y jóvenes, y de esta forma se reducen los riesgos de incurrir en conductas que puedan producir daños a la seguridad o integridad de alguna persona.

1.1   Mejoramiento y adecuación de la educación

Debido a varios tipos de factores, el sistema educativo dominicano ha experimentado un proceso de deterioro progresivo, al menos durante las últimas cuatro o cinco décadas. En primer lugar, un segmento importante de los niños y niñas en edad escolar no son inscritos en la escuela, ya sea por falta de aulas, o por falta de recursos o de conocimientos acerca del valor de la educación por parte de las familias. En segundo lugar, una porción importante de los niños y niñas ya matriculados, desertan del sistema educativo por falta de capacidad del mismo para retenerlos debido a problemas derivados de: a) las condiciones físicas de los planteles, b) la falta de recursos didácticos en las aulas, c) los contenidos de los programas, y d) el deficiente nivel de formación y actualización docente de los maestros.

Ante el escenario previo se impone una readecuación del sistema educativo que implique:

1)  Construcción, habilitación y acondicionamiento de los planteles educativos necesarios para albergar a todos los niños, niñas y adolescentes en edad escolar.

2)  A través de una estrategia de comunicación encaminada por el Ministerio de Educación, educar de manera permanente a las familias dominicanas acerca del valor de la educación de sus hijos e hijas.

3)  Implementar un verdadero programa con cobertura universal de entrega gratuita de los textos escolares en las escuelas y liceos públicos.

4)  Implementar un programa de alimentación en las escuelas públicas con cobertura universal y con el nivel de calidad requerido.

5)  Dotar a las escuelas y liceos de los recursos didácticos y tecnológicos necesarios para que los profesores puedan impartir una docencia con los niveles de adecuación y actualización requeridos

6)  Elevar el nivel de conocimientos de los docentes a través de un programa permanente de capacitación durante seis semanas en todas las vacaciones de verano. A su vez, estos cursos representarían puntos con miras a la construcción de su carrera laboral, y por cada cierto número de puntos recibirían el aumento salarial correspondiente a la posición dentro del escalafón.

7)  Restituir la inspección y supervisión escolar permanente. Esto significa que, por un lado, deberá crearse nuevamente la figura del inspector escolar para garantizar que los planes educativos se cumplan de acuerdo a lo estipulado. Por el otro lado implica que se reeditaría la figura del supervisor escolar, quien a su vez será garante de que el inspector cumpla con su misión.

  • Formación de recursos humanos con perspectiva habilitante para el trabajo

Fortalecer la Dirección Nacional de Empleo, del Ministerio de Trabajo, para que conduzca estudios sistemáticos destinados a determinar en cada momento el tipo de técnico demandado por los diferentes sectores de la vida económica nacional. De este tipo de diagnóstico saldría el tipo y perfil de técnico requerido por el país. A partir del diagnóstico sobre necesidades de personal técnico en instituciones y empresas, esa misma Dirección Nacional tendría a su cargo hacer las diligencias para la inserción de los recursos humanos formados.

Para la formación de ese tipo de técnico debe ampliarse la cobertura del INFOTEP mediante la creación de centros de capacitación localizados en sectores populosos estratégicos del Distrito Nacional, ciudad de Santiago y municipios de la Provincia de Santo Domingo, así como en las restantes de ciudades importantes del país.

A su vez, para la formación de los profesionales se requiere de una oficina de planificación de la educación superior, dentro del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, con la suficiente autoridad, legitimidad y liderazgo como para garantizar que las universidades y centros de educación superior formen la cantidad de profesionales requeridos por el país en cada especialidad. Esa oficina de planificación de la educación superior deberá hacer estudios, de manera permanente, en el mercado de trabajo para establecer el tipo y cantidad de profesionales requeridos por el país en cada área del conocimiento.

Deberá crearse un programa nacional de pasantías pagadas, a través del cual los estudiantes universitarios de todas las especialidades, durante el último período de su carrera se inserten en el quehacer laboral de las empresas e instituciones públicas y privadas. De esta forma se lograría un importante objetivo con doble implicación. Por un lado, una vez concluida la carrera universitaria, los egresados ya poseerían la experiencia necesaria para laborar de manera más eficiente en su respectivo puesto de trabajo. Por el otro, estas destrezas adquiridas reducen, si no evitan, el desempleo profesional.

Este programa de pasantías pagadas estaría coordinado por el Ministerio de Trabajo, con la participación del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología y las universidades nacionales.

  • Fomento del deporte

En ciudades como Santo Domingo y Santiago, y tal vez en algunas otras de considerable tamaño, se crearía una liga barrial de baloncesto. En cada barrio se crearía un equipo tendente a la profesionalidad para la práctica de este deporte. Los jugadores recibirían un salario mensual (de dos, tres o cuatro salarios mínimos) pagado por el gobierno municipal.

Cada año, esta liga jugaría una temporada regular y terminaría en un certamen semifinal clasificatorio a nivel de ciudad, con miras a un certamen final de carácter nacional. Para la práctica de este deporte, cada barrio deberá contar con sus instalaciones respectivas, para lo cual se adquirirían los terrenos necesarios.

Ante la densidad habitacional de los barrios es posible que no se disponga de terrenos no habitados, por lo cual se requeriría de la adquisición, en el barrio, de varias edificaciones contiguas para que ese espacio sea utilizado en la construcción de las instalaciones deportivas para la práctica del baloncesto.

En forma paralela, se crearía una liga nacional de béisbol juvenil con representación municipal. Cada municipio tendría su correspondiente equipo, en el cual los jugadores recibirían un salario mensual (de dos, tres o cuatro salarios mínimos dependiendo de los recursos del municipio) pagado por el gobierno municipal.

Para el desarrollo de estas actividades deportivas habría una temporada que comenzaría poco después de haber finalizado el torneo de béisbol profesional de invierno y concluiría un poco antes del inicio de este circuito. De esta forma, la población estaría casi todo el año vinculada actividades relacionadas con este deporte.

El torneo concluiría con un certamen clasificatorio intra-regional, del cual saldrían los campeones regionales, y un evento final inter-regional, de donde saldrán los campeones nacionales y subcampeones primero y segundo. Como forma de concitar el apoyo de la población del municipio a su respectivo equipo, el municipio sede de cada uno de los tres finalistas recibiría un premio que podría consistir en una obra, con valor dentro de ciertos límites financieros, que sería escogida por los moradores de esa unidad territorial.

  • Fomento de la cultura y la recreación

Además del deporte, las expresiones culturales constituyen formas importantes de inclusión social. Bajo esa línea de razonamiento, en cada municipio de la república se crearía la orquesta municipal con su correspondiente escuela de formación musical y su correspondiente teatro municipal para las presentaciones. En algunos casos habría que construir el teatro y la escuela, lo cual debe correr por cuenta del gobierno municipal. En otras ocasiones bastaría con habilitar cualquier local existente con características adecuadas, como es el caso de un cine en desuso u otra edificación con las características básicas necesarias.

Se crearía una temporada anual de conciertos a nivel municipal, posteriormente se celebraría un festival regional de orquestas, del cual saldrían las orquestas semifinalistas regionales, las cuales, a su vez participarían en el festival nacional. De este último certamen saldría la orquesta ganadora del festival nacional de orquestas municipales, la cual podría representar al país en eventos internacionales de esa categoría musical.

  • Creación de empleos y elevamiento del nivel de ingresos

El empleo se constituye en la forma natural de las personas generar los ingresos necesarios para la adquisición de los bienes y servicios no cubiertos a través de las intervenciones directas del Estado. En consecuencia, la generación de empleos constituye un componente importante de la integración social, y en la consecución de este objetivo, entre otras, pueden ser tomadas en consideración iniciativas como las siguientes:

1)  En las acciones previamente citadas en materia de deportes, cultura y recreación subyace un componente importante relacionado con la creación de empleos en el barrio y el municipio. En primer lugar, los integrantes de los equipos barriales de baloncesto y municipales de béisbol serían empleados de sus respectivos gobiernos locales. Del mismo modo, los integrantes de las orquestas municipales también serían empleados de los gobiernos locales.

2)  A su vez, los equipos barriales de baloncesto requerirían de dirigentes, entrenadores y árbitros, actividades que representarían oportunidades de empleo para jugadores y árbitros retirados de la práctica a nivel profesional de este deporte. Del mismo modo, los equipos municipales de béisbol van a requerir de dirigentes, entrenadores y árbitros, lo cual constituiría un espacio de trabajo para beisbolistas, entrenadores y árbitros ya fuera de la práctica profesional. Estos recursos humanos serían pagados con fondos del gobierno local.

3)  Así como las prácticas deportivas generan empleo para los deportistas retirados, en el barrio y en el municipio, las orquestas municipales crean puestos de trabajo para los músicos del municipio. Las escuelas municipales de música requerirán de directores y profesores. Del mismo modo, las orquestas demandarán directores y otro personal de dirección, lo cual se constituiría en espacio de trabajo para los músicos del municipio.

4)  Fomentar los emprendimientos en los grupos sociales de menores recursos económicos, a través de la creación del Banco Nacional de Desarrollo Social. Esta entidad estatal, que deberá privilegiar a jóvenes y jefes de familia, podría crearse mediante la agregación de una segunda ventanilla a lo que es actualmente el Banco Agrícola de la República Dominicana, y deberá dotarse de las condiciones básicas de una empresa moderna, eficiente y eficaz. Su función básica sería el auspicio y fomento de la producción en pequeños productores agropecuarios, así como de otras pequeñas iniciativas dentro del comercio, la industria y los servicios. Esto implica una banca de interés social, por tanto, con tasas de interés solo deberían estar destinadas a la reposición del capital, ajustado en función de su devaluación por efectos de la inflación.

5)  Creación de la Dirección General de Huertos Familiares y la Dirección General de Pequeñas Unidades Pecuarias Familiares. Ambas entidades estarían dentro del Ministerio de Agricultura y Ganadería[1] y se basa en el hecho de que muchos hogares dominicanos, sobre todo en la zona rural, disponen de espacios que, a pesar de ser aptos para el cultivo de alimentos o crianza de animales domésticos, permanecen sin uso, a veces en condiciones que atentan contra la salud y seguridad de las personas.

La Dirección General de Huertos Familiares, a través de una red nacional de extensionistas agrícolas, estaría llamada al fomento de las huertas familiares con el propósito de producir alimentos destinados al autoconsumo, y a la venta de excedentes cuando los haya, en los hogares de menores niveles de ingresos. A su vez, la Dirección General de Pequeñas Unidades Pecuarias Familiares, mediante una red nacional de extensionistas pecuarios orientaría a los hogares con vocación para este tipo de producción, en los diferentes aspectos relacionados con este tipo de emprendimiento.

Previo a este tipo de intervención deberá contarse con un inventario nacional agropecuario que permita elaborar un catastro de unidades de producción, así como de todas aquellas áreas grandes, medianas y pequeñas que, a pesar de su vocación productiva, se encuentran sin uso.

6)  Reducción de la brecha entre el productor agropecuario y el consumidor, mediante la creación de espacios de comercialización de los productos, a fin de reducir la intermediación que desestimula el trabajo y la inversión en los productores, debido a los bajos precios de venta de sus productos, al mismo tiempo que mengua los ingresos de los consumidores, por los altos precios a pagar para obtener esos bienes.

7)  Fomento del ahorro, sobre todo en los jóvenes, a través de formas de agrupación social como las cooperativas. Las conductas tendentes al dispendio o mal uso de los ingresos financieros, sobre todo en las personas más jóvenes y en la población de más bajos niveles de ingresos, muchas veces se deriva de la falta de conocimientos acerca de la importancia del ahorro como parte importante de los proyectos de vida. Este tipo de práctica, que además tiende a fomentar las conductas de riesgo frente a actos de violencia, ya sea como víctimas o como perpetradores, muchas veces se deriva de la falta de información en relación a algunos mecanismos conducentes al ahorro, sobre las formas y medios para materializarlo, así como acerca de las conveniencias de este tipo de práctica. Desde esta perspectiva, el estímulo a la formación de cooperativas, de naturaleza flexible a cada grupo poblacional, puede constituirse en una forma de inducir a la población al ahorro y al buen uso de los ingresos.

8)  Una forma adicional de crear empleos, y con ello integración social a nivel barrial y municipal, es incorporando a los jóvenes en los trabajos locales de saneamiento y ordenamiento del hábitat y en las actividades de prestación de servicios sociales, como promoción de la salud familiar y comunitaria, alfabetización, forestación, etc. Para la implementación de estas acciones se trataría de incorporar de manera más urgente, a aquellos jóvenes en mayor riesgo de incurrir en prácticas ilícitas.

  1. Desarme de la población civil y control de armas en militares y policías

Una elevada proporción de hechos violentos están asociados al porte y/o tenencia de armas. Este tipo de artefacto suele formar parte de agresiones de diferentes tipos. Es cierto que la ausencia del arma no necesariamente evita la ocurrencia de una serie de hechos violentos, pero no menos cierto es que sin armas en el escenario, las consecuencias de éstos son de menor gravedad. Un elevado porcentaje de robos y asaltos son perpetrados bajo la amenaza de armas de fuego, blancas o contundentes. Mientras que en todo hecho violento donde se atenta contra la integridad de la persona hay de por medio algún tipo de arma. Esto obviamente pone de manifiesto la urgente necesidad de desarmar la población, para lo cual se requiere, ante todo de una rigurosa revisión de la legislación que proscribe el porte y tenencia ilegal de armas, de cualquier tipo, criminalizando esta práctica, de modo que se apliquen sanciones mucho más drásticas que las actualmente existentes.

Dada naturaleza diversa del fenómeno subyacente en el porte y tenencia de armas en la República Dominicana, el desarme de la población incluye a civiles que poseen armas en forma ilegal, civiles que están autorizados a poseer y/o portar armas, y a miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

2.1 Desarme de la población civil que posee y/o porta armas ilegalmente

En una primera etapa debe prohibirse terminantemente el uso de armas blancas o contundentes de manera inmediata. En relación a las armas de fuego, se otorgaría un plazo de 120 días para que toda persona que posea este tipo de artefacto, sin la licencia correspondiente, lo entregue a las autoridades señaladas para esos propósitos. Con esta finalidad se crearían oficinas provinciales, las cuales, siguiendo el protocolo que se definiría para los fines, serían responsables de acopiar y resguardar las armas recibidas hasta su entrega al aparato judicial a cargo de su destrucción.

Habiendo concluido el período de los 120 días, toda persona poseedora de armas si licencia de porte y/o tenencia sería considerada infractora de la legislación al respecto y, por tanto, será pasible de las severas sanciones consideradas para ese tipo de crimen.

2.2 Desarme de la población civil que posee y/o porta armas con licencia

Las armas de fuego en poder de civiles, aunque estén amparadas en licencias otorgadas por el Ministerio de Interior y Policía son doblemente peligrosas. Por un lado, muchas muertes y agresiones son ocasionadas con este tipo de arma. Por el otro, muchas de las armas en manos de infractores de la ley provienen de hurtos a personas que las poseían de manera legal. No en raras ocasiones, el atraco o el robo en la vivienda, el automóvil o la oficina sirve para armar a los transgresores de la ley.

Habiendo concluido con el desarme de aquellas personas que poseían armas de manera irregular, en una segunda etapa se otorgaría un período de 120 días para que toda persona que posea armas amparadas en licencias del Ministerio de Interior y Policía haga entrega de las mismas a las autoridades señaladas para esos propósitos. Esta entrega se haría en las mismas oficinas provinciales habilitadas para la entrega de las armas ilegales, ante las mismas autoridades judiciales, las cuales serán responsables del acopio y salvaguarda siguiendo los protocolos definidos con esos propósitos.

  • Desarme de militares y policías fuera de servicio

A juzgar por las informaciones que cotidianamente sirven los medios de comunicación locales, una proporción importante de los homicidios y agresiones a la persona son perpetrados por miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Esto permite inferir que, si estas personas portaran las armas durante menos tiempo, se reduciría el número de muertes y agresiones.

Ante este tipo de riesgo, los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional deberían portar armas solamente durante el tiempo en que se encuentren en el desempeño de labores puramente militares y policiales. En consecuencia, al término de su jornada de trabajo deberían dejar las armas de reglamento en el establecimiento militar o policial al cual están adscritos.

  1. Sustitución de la Policía Nacional

No es necesario hacer grandes esfuerzos para forjarse una idea del bajo grado de legitimidad social de la Policía Nacional dominicana. Es suficiente con revisar las opiniones de la población, como respuestas a preguntas formuladas en variadas encuestas sociales, o simplemente basta con leer lo que a diario informan los medios de comunicación acerca de la conducta de la uniformada y una parte importante de sus miembros.

Dado el nivel de degradación experimentado por la Policía Nacional, se está frente a una institución fallida y corrompida en toda su estructura, por lo cual, cualquier tipo de reforma es pérdida de tiempo, esfuerzos y recursos. De hecho, a la fecha, variada es la gama de iniciativas tendentes a ‘’reformar la P. N.’’, sin que se aprecie cambio positivo alguno.

Existen dos razones básicas que hacen a la Policía Nacional actual parte del problema que se traduce en violencia callejera y falta de seguridad ciudadana. Por un lado, debido a su degradada filosofía institucional, a la formación académica y ética de sus miembros, a las condiciones laborales y los medios técnicos y tecnológicos utilizados, se constituye en una institución que no responde a los requerimientos del cuerpo de orden necesario para el mantenimiento del orden de una sociedad como la dominicana en los momentos actuales. Y por el otro, por la conducta delictiva exhibida por muchos de sus miembros, y por el nivel de impunidad y encubrimiento con que frecuentemente se manejan estas inconductas, sobre todo cuando los infractores son oficiales.

Para dotar al país de un cuerpo policial que realmente represente la salvaguarda de la vida y bienes de la población, se requiere de la disolución de la actual Policía Nacional y su sustitución por otra corporación, creada bajo otra filosofía, otros parámetros y otras personas, con otro tipo de formación y valores, y bajo otras condiciones laborales y salariales.

Para la sustitución de la institución policial por una nueva corporación debería seguirse un proceso siguiendo etapas como las siguientes:

  • Definición legal de la actividad policial como función pública especializada, de carácter netamente civil, esto es, sin estructura militar, y subordinada al Ministerio de Interior y Policía.
  • Definición de la estructura, filosofía y funciones de la nueva Policía Dominicana. Esto implica la definición, entre otros, de aspectos básicos como los siguientes:

  1. Las jerarquías, cargos y funciones.
  2. Los requisitos básicos para el candidato a miembro de la nueva institución, los cuales, en lo académico deben contemplar como mínimo licenciatura en cualquiera de las áreas del quehacer humano, dependiendo del tipo de funciones requeridas por la corporación.
  3. Las condiciones y horario de trabajo, el cual deberá ser de 40 horas semanales en turnos rotativos de ocho horas diarias.
  4. El nivel salarial, el cual deberá partir de un monto mínimo, para el primer escalón, acorde con este tipo de funciones; es decir, no menor que el de un técnico de nivel profesional de la administración pública.
  5. Creación de una Policía Militar Provisional. Este cuerpo deberá estar formado por miembros de las Fuerzas Armadas, quienes recibirían formación policial durante un corto período. Para las labores de investigación se capacitaría a miembros de los cuerpos de inteligencia de las Fuerzas Armadas. Este proceso de capacitación se seguiría de manera diferida en varios momentos, a modo de ir preparando el cuerpo interino a nivel de regiones.
  6. Desmonte de la Policía Nacional en una primera región del país, a modo de asegurar la implementación del proceso de la forma más eficaz.
  7. Montaje inmediato de la Policía Militar Provisional en esa primera región con carácter experimental, a fin de poder hacer los ajustes ante eventuales fallas en la implementación del proceso.
  8. Convocatoria nacional tendente al reclutamiento de los candidatos a miembros de la Policía Dominicana, quienes serían capacitados con miras a la formación de los recursos humanos que ocuparían las plazas requeridas por la institución en esa región geográfica.
  9. Selección de los miembros de la Policía Dominicana que laborarán en la primera región.
  10. Montaje de la Policía Dominicana en la primera región, con el carácter experimental que permita hacer ante los ajustes a los eventuales inconvenientes que pudieren presentarse, y disolución de la Policía Militar Provisional en esa región.

En el caso de las restantes regiones del país se procedería conforme a los pasos descritos en las etapas 3 a 8, tomado en cuenta que en las convocatorias para el reclutamiento de candidatos podrían participar aquellos miembros desmovilizados de la P.N. interesados en formar parte de la nueva entidad, siempre que cumplan con el perfil requerido. Además, como parte del proceso se elaborará un archivo con las informaciones de cada miembro desmovilizado de la P.N., incluyendo sus atributos biométricos básicos.

[1] Deberá crearse el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el cual resultaría de agregar la Dirección General de Ganadería al actual Ministerio de Agricultura

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