La República Dominicana ha vivido una etapa floreciente de su democracia, si se le compara con las tensiones en que se vive en países como Venezuela, Puerto Rico, Haití, Brasil, Bolivia, Nicaragua y Honduras, para sólo citar los más próximos en la región de Centroamérica y el Caribe. Venezuela y Brasil, en América del sur, nos tocan muy directamente por las relaciones comerciales, históricas y porque en los últimos años han sido fuente de financiamiento constante y  nos han suplido petróleo en abundancia.

Hemos conservado estabilidad política y crecimiento económico. Hemos mantenido estabilidad en los precios, en la tasa de cambio, y hemos asegurado una inversión extranjera que contribuye de manera impresionante con nuestra balanza comercial. Exportamos oro y ya reiniciamos las exportaciones de níquel, con tendencia a que las mismas se mantengan.

Pero hay algunos problemas. Problemas que pudieran convertirse en serias amenazas a nuestra estabilidad política y social, y al desarrollo económico que convierte a la República Dominicana en un país de renta media, por encima de los más pobres de la región.

El primer problema está relacionado con nuestro endeudamiento externo, y también con nuestro endeudamiento público. Vale decir, que la deuda pública consolidada es nuestra amenaza, de acuerdo con los planteamientos del economista Miguel Ceara Hatton, quien la ubica en 33 mil millones de pesos, un 47.2% del Producto Interno Bruto. Entre el 2013 y julio del 2016 la deuda público aumento a un ritmo de 182 millones de dólares mensuales.

En intereses el gobierno paga, por su propia deuda y por el déficit cuasi fiscal del Banco Central, el 4.08% del Producto Interno Bruto. Más que el dinero que el gobierno destina al Ministerio de Educación.

El gobierno sigue endeudándose. Y necesitara seguir financiando el presupuesto nacional del 2017, con endeudamiento público, ya sea por la emisión de bonos o por la contratación de préstamos con organismos internacionales. Preocupa, además, que el gobierno siga gastando recursos, siga aumentando la nómina pública y no se imponga algo de disciplina para racionalizar el gasto público. En 2004 el monto de los compromisos de nómina del Estado eran de 715 millones de dólares y en el 2015 había subido a 3,375 millones de dólares.

El gobierno tendrá que plantearse aumentar los ingresos, y eso no será posible únicamente con la reducción de la evasión fiscal. Tendrá que poner más impuestos o aumentar los impuestos existentes. O algunos de ellos. Es una decisión que en algún momento tendrán que anunciar.

Salvo la minería, las exportaciones dominicanas se han reducido. En 2015 exportaciones por un monto de 8,384 millones de dólares, cuando en 2014 habíamos exportado por un monto de 9,927 millones de dólares. Una diferencia nada despreciable de 1,543 millones de dólares. Si comparamos nuestras exportaciones hacia Estados Unidos, Haití, Reino Unido y otros países ocurre lo mismo: están en descenso.

El gobierno decidió revisar cómo aprovechar mejor los acuerdos del DR-CAFTA con Estados Unidos. Lamentablemente, el país no se ha preparado, ni hemos preparado a los productores locales para aprovechar esos acuerdos. La competitividad no nos acompaña y, pese a los esfuerzos que se hicieron para conseguir esos acuerdos, el sector agroindustrial dominicano podría sucumbir con la entrada en vigencia de los acuerdos en los aspectos impositivos, en productos que siguen teniendo un altísimo costo de producción local, como el arroz, la cebolla o el café.

Y la otra amenaza está en el desequilibrio cambiario. Los precios estables podrían sucumbir si el Banco Central no logra controlar la inestabilidad del precio del dólar. Algunas de las medidas que se han anunciado generan temor y el dólar escasea. Las reservas del Banco Central son altas y ese dinero podría servir para que haya abundancia de dólares. Pero eso no asegura continuidad en esa estabilidad momentánea. Hay quienes piensan que inyectar los dólares de las reservas al mercado no asegura confianza a largo plazo. Es una incertidumbre y habrá que esperar.

Pero si a esto le adicionamos confrontación política, el problema se complica. La oposición se retiró del diálogo con el gobierno para la elección de órganos electorales imparciales. El gobierno da la impresión de no importarle ese retiro y prefiere elegir unilateralmente a los miembros de la Junta Central Electoral y del Tribunal Superior Electoral. La oposición dice que si eso ocurre habrá confrontación. Y que incluso se pondría en dudas las elecciones del 2020.

Es un escenario para desconfiar.