La firma brasileña Odebrecht ha llegado a un acuerdo con las autoridades de Brasil, de Suiza y de los Estados Unidos, para pagar en los próximos 23 años una multa de 2,047 millones de dólares, y se ha comprometido a mantener un comportamiento ético distinto al que la llevó a pagar sobornos a políticos y funcionarios en por lo menos 12 países, en donde obtuvo beneficios económicos, por obras contratadas, que les fueron otorgadas doblegando la voluntad de competidores y normas establecidas.
De acuerdo con las revelaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en total los funcionarios de Odebrecht admitieron haber entregado sobornos a intermediarios y funcionarios, entre el 2001 y el 2015, por la suma de 788 millones de dólares. El país en donde más sobornos fueron repartidos fue Brasil, con 349 millones de dólares, seguido de Venezuela con 98 millones de dólares, la República Dominicana, con 92 millones de dólares, Panamá con 59 millones de dólares, Angola con 50 millones de dólares, Ecuador con 33.5 millones de dólares y Perú con 29 millones de dólares.
Odebrecht ha caracterizado su trabajo por la calidad de sus obras terminadas, sin embargo, en el monto de los cobros por las mismas en donde se ha escondido el beneficio recibido por la empresa y la entrega de montos de sobornos que desdicen de la ética, la transparencia y los procedimientos competitivos.
La empresa ha admitido sus debilidades, y ha calificado su propia conducta como “desvíos lamentables”, en los que se plantea no volver a incurrir.
En el caso de la República Dominicana es obvio que es necesario que haya una investigación del Ministerio Público, partiendo de la propia confesión de la empresa brasileña, pues entre el 2001 y el 2014 ha habido relacionados y funcionarios que recibieron beneficios ilícitamente, perjudicando las finanzas públicas, permitiendo la alternación de los precios de obras contratadas, y afectando a los competidores.
Con la confesión de la compañía el Ministerio Público tiene que obtener los datos de los intermediarios y funcionarios que recibieron los 92 millones de dólares. Calculados a la tasa de cambio actual, esos 92 millones de dólares representan 4,278 millones de pesos que fueron a parar a los bolsillos de los intermediarios y funcionarios que se coaligaron para beneficiar a la empresa.
¿Quiénes son esos funcionarios? ¿Cuáles han sido las instituciones relacionadas? ¿Hasta dónde puede llegar el Ministerio Público en esta investigación? ¿Brasil y Estados Unidos tienen acuerdos con la República Dominicana para facilitar los datos, si es que están disponibles sobre la identidad de esos personajes?
Ya el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, informó que solicitó los documentos a las autoridades de Brasil, y que está a la espera de la remisión de los datos para proceder judicialmente en lo que corresponde a los funcionarios vinculados.
Panamá ya avanzó en una investigación, y lo mismo está haciendo Perú, y los demás países incluidos en esta confesión de la empresa. Las autoridades del Ministerio Público no pueden dilatar este caso, como ha ocurrido con la investigación probada de la compra de los aviones Tucano a la empresa brasileña Embraer. Son dos casos ahora, y lo correcto es que procedan y le den información al país, siguiendo el ejemplo de Brasil, que ha posibilitado una profilaxis por la vía de la justicia, que ha permitido sanear, tanto como ha sido posible, el régimen político podrido de aquel país.
Odebrecht ha dado un paso importante, obligada por las circunstancias y la presión judicial. Ha revelado una gran parte de sus delitos. Ahora corresponde que las autoridades judiciales dominicanas actúen, sin atropellar a nadie, pero imponiendo transparencia entre las autoridades actuales o pasadas que se comprometieron y enriquecieron ilícitamente.