La vida de las mujeres está en peligro en este pedazo de isla. Continuamente la prensa trae información sobre las continuas muertes violentas y evitables de mujeres. Unas por la demencial violencia machista, otras por la falta de una adecuada alimentación, fruto de la pobreza y la indigencia, así como por la falta de acceso a buenos servicios de salud durante el período del embarazo, el parto y el post-parto.
En esta semana, en el marco de un panel en donde se presentó el informe titulado “Maternidad Segura, Libre y Elegida, una deuda pendiente con los derechos de las mujeres”, que se realizó este miércoles en la Biblioteca Nacional, se informó que hasta el 16 de julio pasado habían muerto en el país unas 94 mujeres, 12 más que las que murieron en ese mismo periodo del año pasado; según informaron las organizaciones Colectiva Mujer y Salud y Women´s Link Worldwide durante el panel.
Se informó, además, que con una tasa de 119 muertes por cada 100.000 nacimientos vivos, según la OPS, la República Dominicana ocupa el cuarto país de la región con las más altas tasas de mortalidad materna, por detrás de Bolivia, Haití y San Cristóbal y Nieves, según la información. Además somos uno de los países con mayor tasa de embarazo adolescente. Durante la actividad las entidades presentaron su investigación que incluye la documentación de la historia de unas 7 mujeres embarazadas que murieron entre 2012 y 2015, cuyas muertes eran evitables. Dichas mujeres, con promedio de 24 años, dejaron hijos e hijas en la orfandad y murieron, sobre todo, por falta de servicios de salud oportunos.
El año pasado la ONG Profamilia presentó los resultados de dos investigaciones relacionadas con la interrupción del embarazo en condiciones inadecuadas. De hecho el aborto inducido o natural de adolescentes, jóvenes y mujeres adultas influye significativamente en la muerte de mujeres, pues muchas de ellas fallecen como fruto de un inadecuado proceso de interrupción del embarazo.
La primera investigación presentada por Profamilia lleva como título: “Análisis de la Situación del Aborto Inducido en República Dominicana: Revisión Sistemática y Abordaje Cualitativo”(2016) y la segunda fue titulada: “Encuesta sobre el Aborto en estudiantes universitarias, 2015. De ambos estudios salieron algunas recomendaciones que es necesario tener en cuenta para trabajar el tema de la prevención de muertes maternas por causas sociales, sanitarias, económicas y políticas, durante el período del embarazo.
Entre las recomendaciones presentadas las más significativas fueron:
- Implementación de políticas educativas e informativas orientadas a proporcionar educación integral en sexualidad que garanticen herramientas para prevenir embarazos no deseados o no planificados antes que las personas se vean expuestas a los riesgos. Esto exige el acceso a la información clara y a tiempo por parte del personal médico, así como atención humanizada de las mujeres embarazadas.
- Institucionalización de políticas de salud, dirigidas a la atención integral de la población en todas las etapas de su vida, pues se necesitan medios, acciones y oportunidades para garantizar el acceso a la atención médica oportuna y de calidad,
- Implementación de políticas de reformas legislativas que despenalicen situaciones excepcionales en cuales el Estado exonere de responsabilidad penal a quien practique una interrupción del embarazo en esas circunstancias: cuando el embarazo pone en riesgo la vida o salud de las mujeres, cuando ese embarazo es producto de una violación sexual o incesto, o cuando el feto viene con malformaciones incompatibles con la vida fuera del útero.
Coincidimos con las declaraciones hechas en el panel realizado en este semana por el Director de la Dirección General de Materno Infantil y Adolescentes del Ministerio de Salud, Juan Carlos de Jesús, cuando dijo que la muerte de embarazadas, la prevención del embarazo en adolescentes, entre otros aspectos de este tema, no son solo un problema de Salud Pública, sino social del que se debe preocupar toda la sociedad. No obstante, es necesario afirmar, también, que esto no quita que el Gobierno dominicano, a través del Ministerio de Salud Pública, asuma la principal cuota de responsabilidad que le toca en esta temática.
En definitiva, el acceso a unos buenos servicios de salud para las mujeres embarazadas es una cuestión de derechos básicos. Por eso las continuas muertes de mujeres demandan tomar acciones precisas y urgentes por parte del Estado, de las familias, los colectivos que defienden los derechos de las mujeres, así como de las demás organizaciones de la sociedad. Pues en definitiva, la preservación de la salud de las mujeres embarazadas es una exigencia necesaria, pertinente y oportuna en el contexto social, ecológico, económico, político y cultural de nuestro territorio isleño.