El miércoles 13 de enero Acento publicó un editorial titulado “Los mecanismos de mediación electoral”, en el que planteaba que “uno de los déficit democráticos de la sociedad dominicana se encuentra en los organismos responsables de organizar las elecciones y dirimir los conflictos de los partidos y de los procesos electorales”.
El partido de gobierno debe ser el principal garante democrático, porque aspira a la gobernabilidad y al éxito de los organismos de mediación, sin que haya quejas que pongan en dudas la legitimidad de las decisiones oficiales. Es lo que uno podría entender de instituciones dirigidas por funcionarios de vocación democrática.
Pero no.
Con machacona insistencia el Tribunal Superior Electoral ha demostrado su parcialidad política en detrimento de la institucionalidad de los partidos políticos, que son las entidades privadas que al final se convierten en rectoras de las decisiones públicas. Quien decidió la última reforma constitucional fue el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Es un órgano privado, electo por los miembros del PLD exclusivamente, pero toman decisiones que al final terminan impactando a toda la sociedad.
Una institución como el Tribunal Superior Electoral, sin embargo, es público y debe rendir cuentas de sus actos, pues fue creado por una decisión de la Constitución de la República, se financia con fondos públicos, y está obligado a tomar decisiones en justicia, no en preferencias políticas de sus miembros. Esa institución aunque fue creada por un pacto entre Leonel Fernández y Miguel Vargas Maldonado tiene el rol de adoptar decisiones justas, que permitan la fortaleza de los partidos, no su desintegración.
El miércoles 13 de enero dijimos lo siguiente: “el Tribunal Superior Electoral, presidido por Mariano Rodríguez, es una entidad al servicio de la política oficial o por lo menos del partido de gobierno, y sus decisiones mayoritarias responden a los intereses del actual liderazgo Partido Revolucionario Dominicano (PRD), y del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). La mayor parte de sus integrantes son de ambos partidos”.
Y agregábamos: “Tienen que pensarlo muchas veces los interesados en acudir a esa corte a buscar justicia, porque lo ocurrido a Guido Gómez Mazara, a Geanilda Vásquez y a la mayoría que disiente de Miguel Vargas Maldonado es apenas una muestra de hasta dónde el secuestro institucional allí ha sido efectivo”.
Y de nuevo ha vuelto a ocurrir con el reclamo de Rafael Suberví Bonilla contra la Comisión Organizadora de la selección de candidatos del Partido Revolucionario Moderno. Contra todo pronostico lógico, el reclamo de Suberví fue acogido y proclamado candidato a síndico del Distrito Nacional por esa organización política, que a su vez decidió por encuesta que su candidato debía ser el diputado David Collado.
La crisis afecta al PRM y deteriora la imagen y las aspiraciones de David Collado y del PRM. Nadie eligió a Suberví Bonilla, ni bajo encuesta ni por convención. Los estatutos del PRM hablan con claridad sobre los procedimientos de selección de candidatos. Rafael Suberví alega que en una reunión se había dicho que él sería el candidato. Con argumentos tan débiles una decisión judicial especializada como esta pone en evidencia hasta dónde las pasiones han copado las mentes y la inteligencia de los jueces que integran el Tribunal Superior Electoral.
Fortalecer la democracia, ganar elecciones, triunfar en una contienda política no significa autoridad para pisotear los derechos de los demás. Las democracias que funcionan se cuidan de no abusar del poder ni pisotear los derechos de los otros. Por el bien de todos.
Insistimos, como quedó dicho el 13 de enero: Hay que apostar a la cordura y a que en las nuevas designaciones de jueces en esas cortes se vuelva a seleccionar funcionarios sin vínculos con los partidos políticos. En aras de la democracia, de la equidad y de la transparencia.