Francisco Domínguez Brito, el procurador general de la República, anda muy complicado en estos días. El 21 de octubre la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia ratificó el veredicto del archivo del expediente acusatorio contra el senador Félix Bautista.
La acusación y todo el proceso que significó ese expediente, sobre corrupción en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), ocupó muchas horas de investigaciones y de trabajo de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción y muchas horas de sueño del señor procurador.
Muchas especulaciones han habido sobre la decisión de la Suprema Corte de Justicia, y la calidad del expediente que se presentó como acusatorio. Todo el mundo sabe que si en las instancias judiciales no hay voluntad para hacer justicia, es complicado convencerles de lo contrario. Es claro que el procurador y su equipo después que iniciaron el camino de las acusaciones, recaudación de las pruebas y formulación del caso, no podían echar atrás en ningún momento.
La decisión de la sala penal de la SCJ no es la última instancia del caso. Aún queda el recurso de acudir al pleno de la SCJ en casación, para que sea esta instancia, con todos sus miembros, exceptuando a los que ya tomaron decisión, quienes asuman su responsabilidad histórica sobre el expediente acusatorio.
Quienes han conocido el documento, y lo han revisado en detalle, han dado cuenta de su fortaleza y de la gran labor que tiene detrás en investigación y en formulación de cargos. No hay excusas para atacar al procurador y a su equipo por el trabajo realizado. En realidad, ver las fallas o sofismas que se argumentan para justificar el archivo, es ver tangencialmente el asunto. Es no querer enterarse de los intereses políticos que manejaron la decisión.
Defendemos al doctor Francisco Domínguez Brito y a su equipo en su empresa de que los funcionarios acusados rindan cuenta y tengan que dar explicaciones ante tribunales establecidos, como era la intención en el caso del senador Félix Bautista y sus socios.
En algo que no podemos coincidir con el procurador es en su anunciada decisión de no recurrir en casación la decisión sobre el caso Felix Bautista. La Procuraduría General de la República empeñó muchos esfuerzos y horas de trabajo -y sus funcionarios debieron soportar insultos y miles de presiones-, para que aún sin que concluya el proceso abandone el terreno legítimo, el de los tribunales, para que quede establecida la impunidad con una decisión del pleno de la Suprema Corte de Justicia.
El trabajo que queda por hacer es muy sencillo. La investigación está concluida, el expediente se encuentra completo, por escrito, lo que falta es responder los argumentos de la decisión mayoritaria de los jueces Frank Soto, Mariana Daneira Garcia y Juan Hirohito Reyes. Y para los argumentos en contra se formularon dos votos disidentes, bien organizados y estructurados por la presidenta de la sala, Miriam Germán Brito y la jueza Esther Agelán Casasnovas, en donde se puede encontrar la sustancia argumentativa del Ministerio Público.
Es poco lo que debe hacer el Ministerio Público para llevar el caso ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia. Que lo haga.