La Junta Central Electoral (JCE) tiene un gran trabajo por delante con la supervisión de los partidos políticos y el cumplimiento de las nuevas normas que se desprenden de la ley electoral actualizada y de la nueva ley de partidos y agrupaciones políticas.
El relativo a los informes de gastos de campaña es una de las más preocupantes, porque desde ahora los dos principales partidos políticos se han puesto de acuerdo para variar la medición de gastos de los precandidatos, y que todo lo que se ha invertido hasta el momento no se cuente, sino a partir del 22 de agosto, cuando se tendrán que entregar las listas de postulantes a diversas posiciones en el seno de los partidos políticos.
Es cierto que se trata de algo nuevo, y que los partidos no tienen la costumbre de hacer reportes de gastos de campaña, y también es cierto que la JCE carece de la tradición para exigir de los partidos que cumplieran con este requisito de la antigua ley electoral, que no era tan exigente y específico como lo es ahora.
En aras de la transparencia, la JCE está obligada a hacer cumplir la ley. Los partidos y candidatos saben que deben reportar el origen de los fondos que administran, aparte de los que entrega el Estado, y que deben hacer reportes minuciosos de cómo invierten el dinero recibido.
Ya la JCE anunció la creación de una unidad de vigilancia de los partidos políticos en la parte financiera y dijo poseer un software que se encargará de registrar los datos de inversión de los precandidatos y candidatos a posiciones electivas. La idea es controlar el gasto, limitar a lo que indica la ley, y evitar que el dinero sucio del lavado de activo, del narcotráfico o la corrupción entre en la actividad política y financie a aspirantes que luego van a servir a esos sectores delincuenciales. De eso se trata.
Es una tarea en la que la JCE debe auxiliarse de la ciudadanía y de las organizaciones comunitarias y de la sociedad civil que tienen experiencia haciendo mediciones de inversión en las campañas electorales. Una de las que más se destaca, sin duda, en esta materia es Participación Ciudadana, que tiene 10 procesos electorales midiendo cómo se invierte el dinero en las campañas electorales, midiendo los costos de las campañas en propaganda y en medios de comunicación, y haciendo reportes periódicos de las violaciones a las normales electorales.
No hay razón para la la JCE rechace el apoyo que pudiera ofrecerle Participación Ciudadana, si de verdad está interesada en que estas nuevas normas cobren vigencia, y si desea hacerse respetar por los partidos y candidatos.
Es una tarea que nos involucra a todos y con la que todos y todas debemos estar dispuestos a contribuir.