En las reformas que se harán a la Ley de Régimen Electoral y a la Ley de Partidos Políticos, que se discutirán en el Consejo Económico y Social (CES) antes de ser propuestas al Congreso, deberán de incluirse asuntos que ayuden a mejorar las mejores prácticas políticas.
Además de establecer sanciones más rigurosas a los partidos y candidatos que acepten dinero sucio (proveniente de cualquier actividad ilícita: narcotráfico, corrupción, evasión de impuestos), uno de los grandes retos será imponer regulaciones claras a las campañas electorales.
Es necesario dejar claro qué es el activismo de los partidos y sus dirigentes, consustancial al quehacer de la política, distinto a la campaña electoral.
El primero es indispensable para la vida de los partidos, la segunda ha de tener su tiempo establecido y la regulación de la Junta Central Electoral (JCE).
En estos momentos, por ejemplo, hay aspirantes presidenciales que llevan a cabo una adelantada campaña, abierta, con miras a las elecciones presidenciales de 2024.
¿Es justo para sus compañeros que también aspiran a esa misma candidatura, pero que respetan las normas y mantienen su activismo dentro del partido?
Y no se trata de una campaña interna con los correligionarios ni de una labor de conversación e intercambio con la población para conocer de las ideas, anhelos, necesidades y aspiraciones de la ciudadanía. No, se trata de campaña electoral abierta.
En el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), por ejemplo, hay seis aspirantes a la candidatura presidencial: Gonzalo Castillo, Abel Martínez, Margarita Cedeño, Maritza Hernández, Francisco Domínguez Brito, Andrés Navarro y Carlos Amarante Baret.
De estos presidenciables hay dos que están metidos en una campaña electoral abierta, para peledeístas y para la población en general: Francisco Domínguez Brito y Abel Martínez.
Sus compañeros de competencia, por el contrario, se han mantenido en un activismo dentro del PLD, discreto y sin propaganda dirigida a toda la población.
Es probable que esos dos candidatos adelantados no estén ponderando que con una campaña a destiempo corren el riesgo de hastiar a los propios peledeístas y a los ciudadanos en general.
¿De dónde obtienen recursos para una campaña tan prolongada? ¿Es justo que se sature a la gente con una campaña adelantada tres años? ¿Es justo para sus compañeros que también aspiran a esa misma candidatura, pero que respetan las normas y mantienen su activismo dentro del partido?
Estos vicios y excesos de nuestra política tienen que ser corregidos en las reformas que se harán a las dos citadas legislaciones. Conviene a la población y a los propios partidos.