El informe del Latinobarómetro 2017 ha definido el sistema económico y político de la mayor parte de los países latinoamericanos y caribeños, como una democracia “diabética”; es decir, una democracia que padece de una enfermedad crónica, que ha ido dañando todos los demás órganos del cuerpo social; es decir las instituciones y las organizaciones de la sociedad.
En nuestra reflexión iremos comparando los datos regionales (AL) del Latinobarómetro 2017 con los de República Dominicana (RD). Este ejercicio nos permitirá visualizarnos en el conjunto de los países de nuestra región, que necesariamente deben afrontar el secuestro del poder político y de los bienes públicos por unas corporaciones económico-partidarias, aliadas al gran capital nacional y transnacional. Estas corporaciones promueven la concentración de riquezas en pocas manos, la corrupción y el secuestro de las instituciones de control social, sobre todo de la justicia.
La insatisfacción de la población con el sistema democrático en América Latina es grande. De hecho solo un 30% de la población encuestada muestra algún tipo de satisfacción con los regímenes democráticos, tal como estos se están desarrollando en la Región. En Dominicana los números no son muy diferentes; de hecho solo el 32% muestra algún tipo de satisfacción con la democracia.
Ante la pregunta para quién gobiernan las élites partidarias y económicas de la región, la mayor parte de la población está convencida de que se gobierna priorizando los intereses y las necesidades de unos pocos. A nivel de Latinoamérica el 75% de la población investigada así lo cree; en el caso de RD, la proporción sube a un 87%. Esto lo confirma la respuesta a otra pregunta que indagaba si los gobiernos ejercen el poder orientados a satisfacer las necesidades de todo el pueblo, sobre todo de los sectores sociales más empobrecidos y excluidos. En Latinoamérica sólo un 21%, una quinta parte de la población, señaló que se gobierna para todo el pueblo; mientras que en RD la percepción es todavía peor: solo el 12% considera que se gobierna al servicio de la mayoría.
Uno de los elementos a destacar es la pérdida de confianza en las instituciones políticas que sostienen el sistema democrático. Algunas de esas instituciones tienen menor valoración en RD que en los demás países de América Latina. Las Fuerzas Armadas tienen un 46 por ciento de aprobación en AL, mientras que en RD tiene sólo un 42%. La policía tiene en LA un 35% de aprobación, mientras que en RD solo alcanza el 24%. El tribunal electoral que en LA tiene un 29% de confianza, en RD es solo el 23%. Mientras que el poder judicial tiene el 25%, en RD solo alcanza al 22%. Sin embargo, el Gobierno que en AL cuenta con un 25% de aprobación, en RD tiene un 28%. Algo parecido sucede con el Congreso: en AL un 22%, mientras que en RD, 23%. Finalmente hay coincidencia en AL y en RD en afirmar la poca confianza en los partidos políticos, con un exiguo 15%.
Los actuales gobiernos de América Latina y el Caribe están sufriendo una pérdida de apoyo de la ciudadanía. En AL la aprobación promedio a los gobiernos solo llega a un 36%. Entre los países en donde hay más apoyo están: Nicaragua, (67%), Ecuador (66%), Bolivia (57%) y RD (52%). Mientras que los 4 peores en aprobación son: Paraguay (21), México (20%), Salvador (17%) y en último lugar, Brasil (6%). No obstante, en cuanto a RD, la aprobación del gobierno disminuyó en los últimos años de 82% (2015) a 76% (2016) a 52% (2017).
Uno de los grandes males que afecta a la democracia en AL y en RD es el clientelismo partidario. Una de las preguntas de la encuesta hecha por el Latinobarómetro señalaba: “Durante la última campaña electoral. ¿Vio a candidatos o personas de los partidos repartiendo regalos o favores en su barrio? Mientras que en el promedio de AL la proporción fue de un 33%, en RD se eleva a un 53%. Pero un elemento a destacar es que RD tiene el lugar más alto entre los países de AL y el Caribe en cuanto a dependencia clientelar, de la población, de los líderes partidarios. Siendo los países en donde menos clientelismo hay: Costa Rica (8%), Uruguay (11%), Venezuela (14%), Argentina (16%), y Chile (19%).
Otro grave problema de la democracia en América Latina y el Caribe es la corrupción a todos los niveles. En AL ya hay un sector de la población que cree que la corrupción es el principal problema del país (10%). En RD sube a un 15%, solo superado por Perú (19%), Colombia (20%) y Brasil (31%). Además, cuando se preguntó si ha habido progreso en los Estados en cuanto a reducción de la corrupción, en los dos últimos años, el 62% señaló que no se ha progresado y el 53% califica como mala la supuesta lucha de los gobiernos en contra de la corrupción. En RD el porcentaje de los que desaprueban la lucha contra la corrupción llega al 57%.
El estudio arrojó también que hay abundante corrupción en el gobierno nacional (70.5% AL y 70.7RD), en el Congreso Nacional (74%AL y 76%RD), en las municipalidades (74% AL y 76%RD), en los tribunales de justicia (74%AL y 76%RD), en los sindicatos (71% t 73%RD) y en las grandes empresas (71%AL y 73%RD).
No obstante todos los datos presentados anteriormente, la democracia como sistema mantiene un significativo apoyo del 53% de la población latinoamericana. Siendo los países en donde más apoyo suscita: Venezuela (78%), Uruguay (70%), Ecuador (69%), Argentina (67%) y Costa Rica (62%). Y en donde menos apoyo tiene están: Honduras (34%), El Salvador (35%), y Guatemala (36%). Dominicana, por su parte, está entre los países en donde la democracia ha perdido más apoyo en los últimos dos años. Paso de un 60% de aprobación en 2016 a un 54% en 2017.
Como podemos ver por los datos presentados más arriba la democracia en América Latina y el Caribe tiene grandes problemas y grandes desafíos que es necesario tomar en cuenta a la hora de articular, desde las organizaciones e instituciones sociales, todo proceso de incidencia en los proyectos y planes de mejoramiento del fortalecimiento institucional, columna fundamental de toda proceso democrático.
Puesto que una buena parte de la población sigue creyendo en la democracia como sistema habrá que repensarla y recrearla para que no siga siendo una oligo-cracia (gobierno de unos pocos y al servicio de unos pocos) o una plutocracia (gobierno de los ricos o totumpotes), en donde las mayorías quedan excluidas de tener una participación real en la toma de decisiones y en el ejercicio al real derecho a la salud, la educación, la vivienda y la seguridad social, entre otras. Para que eso sea posible, en República Dominicana la Marcha Verde y otros colectivos, personas y organizaciones afines, consideran que la lucha contra la corrupción, la impunidad y la independencia del sistema de justicia son elementos fundamentales en este proceso de fortalecimiento de la actual democracia “diabética”.