Decidido lo esencial del proceso electoral, en este caso la presidencia de la República, el gobierno y las autoridades del Ministerio de las Fuerzas Armadas, así como la Junta Central Electoral, deberán concentrar sus esfuerzos en bajar las tensiones en aquellos lugares donde todavía se mantiene una gran indignación, y disposición para la protesta, frente a situaciones enojosas, en las que se muestran pruebas de irregularidades cometidas por aspirantes a puestos locales y del Congreso, y que se quiere arrebatar posiciones a los partidos opositores.
Los partidos políticos comienzan también a gestionar estos acontecimientos con mucha indignación. Las visitas de Luis Abinader, Carolina Mejía y dirigentes del Partido Revolucionario Moderno a localidades donde hay conflictos ponen en evidencia la relevancia que estos hechos tienen para los opositores al PLD. Visitan a sus candidatos, que entienden víctimas, y a la vez realizan visitas a las Juntas Electorales de los municipios.
Mientras tanto, las Fuerzas Armadas activan un plan de contingencia frente a los hechos violentos que se producen en algunos de estos lugares. Lanzar los militares a enfrentar a los que se quejan no es buena decisión. Si hay que preservar el orden público, lo correcto es que sea la Policía Nacional quien actúe en estos casos.
La JCE debe asumir con más firmeza y rapidez la emisión de los boletines finales. Hasta la tarde de este jueves había informado del conteo del 92% del escrutinio presidencial. En los niveles congresual y municipal quedan muchos más datos por descifrar. Mientras más tarda ese proceso más peligro existe de que la violencia estalle o se extienda.
Recomendamos paciencia y tranquilidad para finalizar el conteo de los votos, sin que los afectados descuiden su atención sobre posibles amarres o trampas que les despojen de las posiciones que dicen haber negado en buena lid. Las quejas sobre compra de cédulas, anulación de votos y de centros de votación hay que atenderlos con seriedad e imparcialidad. Los funcionarios electorales locales no pueden actuar como activistas políticos,
Los miembros del Pleno de la JCE deberían, si no han actuado en estos casos, desplazarse a escuchar las quejas en los lugares donde hay más tensiones, y ayudar con la autoridad que tienen a los funcionarios de juntas electorales locales, en la toma de decisiones sobre actas y otros documentos del proceso.
Lo que corresponde es evitar hechos de violencia que pongan en peligro la vida de las personas.