SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Ministerio de Hacienda, en representación del Estado dominicano, firmó este jueves 25 un contrato de préstamo de 50 millones de dólares con el Banco Europeo de Inversiones (BEI), acompañado de un financiamiento no reembolsable por 16.6 millones de euros de la facilidad de inversión del Caribe de la Unión Europea.

Los recursos son para la reconstrucción de infraestructuras afectadas por desastres naturales, entre estas por  las secuelas de el paso del huracán Matthew en 2016 y por exceso de lluvias en noviembre de 2017 en la región Norte del país.

El acuerdo fue firmado por Emma Navarro, vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones; Yves Ferreira, jefe de la Oficina Regional del Caribe; Donald Guerrero, ministro de Hacienda; Isidoro Santana, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo y Antonio Vargas Hernández, embajador Ordenador Nacional de los Fondos Europeos de Desarrollo y director general de Cooperación Multilateral (Digecoom)

Con estos recursos se realizará el  proyecto de Mejoramiento de Obras Públicas para Reducir el Riesgo de Desastres, que será ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y por el Instituto Nacional de la Vivienda, coordinado por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, a través de su Dirección general de Cooperación Multilateral.

Con la firma del contrato el país tendrá acceso a recursos en condiciones financieras concesionales y bajo términos de condiciones que permiten una ejecución oportuna y eficiente de estos proyectos.

Con este financiamiento se movilizarán recursos en las provincias Monte Cristi, Puerto Plata, Espaillat y Duarte para edificar más de 1,500 viviendas, así como construir o rehabilitar más de 55 kilómetros de carretera, entre otras obras, considerando criterios que refuerzan la resiliencia ante el cambio climático.

Las intervenciones serán priorizadas en función de los costos, impacto social y efecto sobre la resiliencia. Además, el BEI proveerá asistencia técnica para actualizar normativas que permitan el diseño y la creación de infraestructuras más resilientes ante catástrofes provocadas por el cambio climático y terremotos. Similarmente, se mejorará la estrategia de las inversiones que realice el gobierno para controlar y prevenir inundaciones.