SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El director general de Impuestos Internos, Magín Díaz, expuso ante el empresariado de Santiago las actualizaciones de la institución recaudadora para viabilizar la aplicación de la Ley contra el Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo, como la elaboración de cinco normas generales, la capacitación de 1,700 sujetos obligados y la realización de 400 inspecciones in situ.

Dijo es la inclusión del delito tributario como precedente de lavado de activos.

Por otro lado, declaró que la DGII ha tomado una serie de medidas para mejorar la Administración Tributaria y facilitar el cumplimiento de los contribuyentes y citó como ejemplo la reforma administrativa del esquema de comprobantes fiscales, “la cual ya está en marcha; y que se consolidará en el mes de mayo con el vencimiento de los actuales NCFs y vigencia de las nuevas secuencias de comprobantes”.

Díaz manifestó que su gestión ha enfrentado muchas malas prácticas de evasión, elusión, planificación fiscal y el fraude. “En los últimos meses hemos logrado condenas por defraudación en los Tribunales; y medidas de coerción con prisión preventiva en Najayo y La Victoria; presentación periódica e impedimento de salida. También se han logrado condenas contra personas que se hacían pasar por fiscalizadores de DGII”, manifestó.

Agregó que en la actualidad la DGII involucra no sólo a los asesores, sino a los contribuyentes, beneficiarios del esquema con dos objetivos: recuperar el impuesto evadido de aquellos contribuyentes que cooperan y rectifican y someter, junto al asesor, a aquellos que no rectifican ni se presentan ante la Administración Tributaria.

Al disertar con el tema: “Avances Recientes en la Lucha contra la Evasión y Nuevo Rol en el Marco de la nueva Ley de Lavado 155-17”, Díaz citó como otro avance importante el proyecto de depuración de los aproximadamente 16,000 sujetos obligados de la DGII. El funcionario fue el orador invitado del almuerzo empresarial de la Cámara Americana de Comercio (AMCHAMDR por sus siglas en inglés) en Santiago.

Ramón Ortega, vicepresidente del consejo directivo de AMCHAMDR, expresó que “el nivel de seguridad jurídica es algo que aparece en los estudios de competitividad, y un elemento que quienes desean invertir o hacer negocios ponen en la balanza junto a otros para tomar sus decisiones. De ahí que el sistema tributario sea una pieza relevante en este ámbito. De los procesos y de quienes los administran depende en gran medida que las garantías se cumplan no solo de la debida manera, sino también en los tiempos debidos”.

Asimismo, Ricardo de la Rocha, presidente del comité provincial de Santiago de AMCHAMDR, afirmó que “la transparencia, el sistema jurídico y la formalidad en el sistema tributario de un país son puertas que conducen a mercados abiertos, vías seguras para aumentar los niveles de crecimiento y prosperidad de una sociedad. En esto, el rol de la dirección de impuestos internos es imprescindible”.

El director general de Impuestos Internos agregó en su ponencia que se han realizado más de 40 reuniones/talleres con diferentes gremios y sujetos obligados, a los fines de retroalimentarles y socializar los avances de la Ley, su Reglamento de Aplicación y las normas sectoriales.

Destacó los acuerdos de cooperación interinstitucional entre la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo, el Ministerio de Hacienda y la Dirección General de Impuestos Internos, así como entre la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Valores a los fines de coordinar la supervisión conjunta de las fiduciarias y sus fideicomisos.

Al analizar las estadísticas sobre el tema reveló que se han recibido más de 410 solicitudes de información vía correo electrónico o Centro de Contacto; 12 informes de inteligencia financiera analizados y remitidos a la Gerencia de Fraude; 28 consultas vinculantes contestadas por correspondencia; 33 certificaciones de no sanciones administrativas y 24 amonestaciones escritas.

Dijo que la nueva la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo trae novedades como ampliación o definición precisa de los sujetos obligados, inclusión de nuevas autoridades competentes, nuevos delitos precedentes, aumento significativo de las multas y sanciones, novedosas tipificaciones del lavado de activos y financiamiento al terrorismo, nuevas modalidades para el envío de los reportes de operaciones sospechosas y transacciones en efectivo.

 

“La estrategia para enfrentar la evasión es integral y requiere colaboración de todos”, concluyó el director de Impuestos Internos.