SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Las centrales sindicales denunciaron este martes la supuesta intención de que la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) no aplique en el proyecto del Presupuesto 2018 el ajuste por inflación correspondiente a las escalas establecidas para pago o exoneración del Impuesto Sobre la Renta.

Pepe Abreu, vocero de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC) y la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD), dijo que buscan suspender la aplicación del ajuste por inflación a los salarios, cuyo último tope es de RD$34,685.00 pesos mensuales.

Llamó la atención  de los demás integrantes de la comisión bicameral que estudia el proyecto porque ‘‘esa propuesta es improcedente’’.  Citó la ley ley 253-12, de fecha 9 de Noviembre de 2012, que aprobó la suspensión de aplicación del referido ajuste por inflación para los años 2013, 2014 y 2015, lo cual perjudicó –a su juicio– en forma sensible a los asalariados que debieron pagar un porcentaje del impuesto sobre la renta a pesar de devengar salarios inferiores al costo de la canasta básica de bienes y servicios, que anda por encima de los RD$36,000.00 mensuales.

Le recordó a esa comisión bicameral que la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) no aplicó el ajuste por inflación para el período del primero de enero al nueve de noviembre de 2012, a pesar de que le fue requerido, vía diversas comunicaciones que se le enviaron y un grupo de organizaciones sindicales elevó un recurso contencioso administrativo que espera sentencia ante esa jurisdicción.

Afirmó que el artículo 217 de la Constitución de la República dice que el régimen económico se orienta hacia la búsqueda del desarrollo humano, basado en el crecimiento económico, la redistribución de la riqueza, la justicia social, la equidad, la cohesión social y territorial y la sostenibilidad ambiental, en un marco de igualdad de oportunidades, responsabilidad social, participación y solidaridad.

“No es justo ni útil, como dice el art 40, inciso 15 de la Constitución que mientras se exime al sector empresarial con exenciones fiscales cercanas a los RD$250,000.000.000 (doscientos cincuenta mil millones de pesos) anuales, sin que eso se traduzca en provecho tangible para la población, a los trabajadores se les cargue un pago de impuesto excesivo para unos salarios que -como hemos señalado- no alcanzan para la adquisición de los bienes y servicios que requieren sus familiares", indicó.

El vocero de la centrales explicó que se agrava porque grandes empresas, que por demás se constituían en importantes contribuyentes, están dividiendo sus procesos y creando diversas empresas para caer en categorías menores, o sea en medianas y pequeñas empresas y de esa manera reducir sus aportes fiscales.

Indicó que a esto se agrega que empresas que se encontraban en el régimen ordinario impositivo están pasando a registrarse como “zonas francas”, con lo que, además de perjudicar a los trabajadores imponiendo salarios más bajos y no pagando la participación de los trabajadores  en los beneficios (Artículos 223 y 226 del Código de Trabajo.