SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Tras diecisiete años de promulgarse la Ley General de Medio Ambiente, un estudio determinó que la ni la Procuraduría General de la República ni los ayuntamientos juegan un rol activo en el cumplimiento pleno de esa ley.
"Tenemos la impresión de que no están cumpliendo con su deber", manifestó la investigadora Sandra Nogué Collazo durante la presentación de la investigación exploratoria.
La investigación bajo la firma de Participación Ciudadana explica que no existe una delimitación clara de las funciones, deberes y competencias entre las fiscalías, la Procuraduría General para la Defensa del Medio Ambiente y el MIMARENA lo que ocasiona una duplicidad de esfuerzos, dispersión de informaciones y confusión en la población.
Además, otro de los hallazgos del equipo de Participación Ciudadana que realizó la investigación ‘‘Diagnóstico del nivel de cumplimiento de la Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales (Ley No. 64-00)’’ es que ‘‘existen serias limitaciones en relación con los recursos humanos tanto en términos de cantidad como de calidad’’.
Agrega que falta ‘‘trabajar arduamente’’ para concienciar a los ciudadanos en relación con los deberes, derechos y lo que implica el acceso a la justicia ambiental.
‘‘La sostenibilidad ambiental, depende de elementos como una política inclusiva, participativa y transversal en todas las actividades socioeconómicas del territorio. Por lo cual se deben tomar en cuenta todos los actores que confluyen en el sistema empezando por el organismo rector MINARENA, a través de su Dirección de Gestión Ambiental, las Unidades de Gestión Ambiental, las ONG ambientales, las representaciones comunitarias y los ciudadanos en genera’’, explica la investigación.
El estudio recomienda implementar las normas y reglamentos dispuestos en la Ley No. 64-00. Asimismo, que Mimarena debe esforzarse en la aprobación del Proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial y Uso de Suelos yla Ley Sectorial Forestal.
Menciona la importancia de crear programas de sensibilización tanto para el personal técnico de las UGAM, como de los miembros del Consejo Municipal y los Alcaldes.
Aconseja la implementación de ordenanzas municipales que complementen eficazmente el sistema y puedan reflejar un mejor desempeño, incluyendo la comunicación a los munícipes.