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Los Tres Brazos, un barrio vendido con to’ y gente, a precio de vaca muerta

 

La denuncia llegó como un balde de agua helada: un barrio vendido por RD$ 80 millones en 2010… con todo y la gente, aunque los moradores habían construido sus casas años antes (30 años previo a la venta, e incluso más), tras el paso del huracán David y la tormenta Federico.

Los Tres Brazos se convirtió, al concluir el 2016, en sinónimo de marrulla.

Cronología

 

31 de enero de 2017

 

La comisión evaluadora de la venta de los terrenos de Los Tres Brazos concluye que la operación fue “cuestionable en su esencia”, y agrega que nunca debió llevarse a cabo bajo los términos en que se hizo, y violó la Constitución dominicana.

Los miembros de la comisión designada por el Poder Ejecutivo precisaron que el procedimiento de la Corporación de Empresas del Estado (Corde) para la aprobación de la venta fue “precario e irregular” y que el esquema comercial fue altamente perjudicial para el Estado Dominicano.  

De los 80 millones de pesos que se contrató originalmente el 25 de febrero del 2010, de la venta de tres parcelas con un total de un 1,213,861 metros cuadrados, donde está asentado el barrio, se descontó RD$ 11,800,000 por concepto de “calles y aceras no útiles para la venta”, además de RD$ 1,500,000 para crear un fondo de compensación para tentativas demandas, por lo que el precio final fue de RD$ 66,700,000.

Pero a casi siete años, el ingreso neto a Corde fue de RD$ 3,365,800, ya que Infepa solo pagó RD$ 15,200,000 en efectivo, de los cuales RD$ 11,834,200 fueron pagados por la institución estatal a dos agrimensores para el deslinde de los terrenos.

Para más inri, de acuerdo a las evaluaciones oficiales incluidas en el informe, el valor total de las tres parcelas, ascendía a RD$ 688,042,586 y no a RD$ 80 millones.

La comisión recomendó al Estado no reconocer las ventas de estos terrenos, que eran revendidos a los residentes en Los Tres Brazos por la empresa Titulatec, “por ser contrarias a la Constitución y la ley”; formalizar un acuerdo con las personas adquirientes de terrenos en este sector, con el fin de reconocer y garantizar el derecho de propiedad, y que reconozca, además, las acreencias que entidades financieras “han registrado sobre los inmuebles de los terceros adquirientes de buena fe que han obtenido financiamiento para la adquisición de sus terrenos”.

 

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