El Tribunal Colegiado de esta jurisdicción impuso cinco años de prisión contra dos personas acusadas de incurrir en los delitos de trata y tráfico de menores de edad.
Se trata de Jairo De La Rosa Sánchez y Silvia Bautista Sánchez, alias Dilcia, quienes según el Ministerio Público convencieron a menores de 15 y 17 años de edad residentes en la provincia Santiago, de que le conseguirían trabajos en Puerto Plata.
Asimismo, el Ministerio Público demostró que con la excusa laboral las trasladaban al “Bar Dilcia”, propiedad de Silvia Bautista Sánchez, donde eran explotadas sexualmente.
El fiscal titular Osvaldo Bonilla manifestó satisfacción por la condena impuesta y dijo que permitirá que la ciudadanía puertoplateña continúe tomando conciencia sobre este mal que tanto afecta a la población.
“Hacemos un llamado a la ciudadanía sobre la importancia de que utilicen el número de teléfono 809-200-7393, una línea gratuita para denunciar de manera confidencial cualquier situación de trata o explotación sexual comercial”, indicó Bonilla.
En tanto que Jonathan Baró, titular de la Procuraduría Especializada contra la Trata y el Tráfico Ilícito de Migrantes, señaló que el Ministerio Público trabaja arduamente para combatir a los que explotan sexualmente niños, niñas y adolescentes.
“Necesitamos del apoyo de todos y todas para poder enfrentar este flagelo, que lacera de manera principal los menores de edad”, manifestó Baró.
El Ministerio Público presentó formal acusación contra Jairo De La Rosa Sánchez y Silvia Bautista Sánchez por violentar la Ley 24-97 sobre Violencia Intrafamiliar, en los artículos 309-1, 309-3, 334 y 334-1 del Código Penal Dominicano, la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, artículos 1, 3 y 7, y el Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03), artículos 34, 40 y 396 incisos B y C, en perjuicio de las menores, cuyos nombres se omiten por razones legales.
El procurador fiscal Víctor Manuel Mejía presentó diferentes pruebas con las cuales demostró los hechos imputados.
El Tribunal Colegiado, que preside Rosa Francia Liriano, dispuso que la sentencia condenatoria sea cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación San Felipe.