SANTO DOMINGO, República Dominicana.-“El que no tiene hecha no tiene sospechas”, manifestó la directora ejecutiva de Participación Ciudadana, Rosalía Sosa, al referirse a la supuesta extorsión del asesinado presidente de la Convergencia Nacional de Abogados al exdirector de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses, Manuel Antonio Rivas.
“Queremos resaltar que no hay ninguna acción que justifique la muerte del profesor, y en el supuesto caso que hubiese hecho eso el incumbente de la Omsa, lo que debió hacer es poner una querella”, añadió Sosa Pérez.
Destacó que los últimos casos de corrupción han tenido una gran particularidad, y es que se están tiñendo de sangre. “Tenemos el caso de la OISOE con el suicidio del arquitecto Rodríguez, posterior con el caso del CEA, y la actual situación de varias denuncias de corrupción que culminó con el asesinato del abogado y profesor Yuniol Ramírez”.
Calificó las actuaciones de las autoridades como pasivas y que solo se ejecutan cuando ocurre un hecho, algo que según explicó debería ser distinto. “Aquí las actuaciones de nuestras autoridades son reactivas, no son proactivas. En el gobierno debe haber una política pública de prevención de la corrupción y luego una persecución”.
Asimismo señaló que el Ministerio Público no debió filtrar informaciones de las investigaciones preliminares del caso de muerte, porque atenta contra las leyes.
“Es lamentable que Ministerio Público, director funcional de la investigación y en una etapa que es la preparatoria, ofreciera los detalles que deben ser secretos…esto según el artículo 92 del Código Procesal Penal y solo es público para las partes”, agregó.
Indicó que esto se debe a que existe una desesperación por parte del Estado, de separar los actos delictivos al Palacio Nacional. “Fue muy rápido establecer el supuesto móvil que no justifica el atentar contra la vida de nadie”.
“Nada justifica la muerte de una persona, y lamentamos mucho que las primeras palabras del Ministerio Público en la rueda de prensa, fuera establecer el supuesto móvil que ahí aparece como una defensa del imputado que justifica los actos delictivos”, expresó.
Hizo un llamado a los fiscalizadores de los fondos públicos que aperturen una investigación, porque “ese caso fue denunciado en el año 2013 y aquí las actuaciones de nuestras autoridades son reactivas no son proactivas que en el Estado debe haber una política pública de prevención de la corrupción y luego una persecución”.