Rechazadas fueron las peticiones de los jueces investigados por recibir cortesías tras fallar a favor de acusados de sicariato y narcotráfico, luego de que estos solicitaran la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito que se les tomaran nueva vez pruebas caligráficas de un supuesto documento y revisión de registros telefónicos.
La magistrada Ramona Rodríguez negó a la suspendida jueza Awilda Reyes Beltré y al exconsejero del Poder Judicial, Francisco Arias Valera, la solicitud de vídeos de cámaras de seguridad, registros telefónicos, experticias a computadoras, y otra prueba caligráfica además de la presentada por el Ministerio Público realizada en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF).
El pasado 17 de mayo, la jueza se reservó la lectura del fallo por lo que este 27 de mayo ni los acusados ni sus abogados hicieron acto de presencia en el tribunal. Deberán retirar la sentencia en la Secretaria del juzgado.
Los representantes legales de la suspendida jueza y el exconsejero del Poder Judicial, demandaban que se conozca otra prueba caligráfica a sus representados en otra entidad que no sea el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF).
El abogado Carlos Balcácer, representante del exconsejero del Poder Judicial, Francisco Arias Valera, manifestó su desconfianza ante la caligráfica al supuesto recibo firmado por estos y presentado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, magistrado Mariano Germán Mejía.
El 17 de diciembre del año 2015, el juez Ramón Horacio González dictó prisión preventiva contra la suspendida jueza de la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Awilda Reyes, y el exconsejero de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Arias Valera, acusados de dejar en libertad al regidor de Pedro Brand acusado de sicariato por el pago de RD$350 mil, Ericson de los Santos, quien a su vez es imputado por sicariato.
En tanto, el juez de la primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Antonio Sánchez Mejía, varió de prisión preventiva a prisión domiciliaria, las medidas que pesan contra la suspendida jueza y el exconsejero de la Suprema Corte de Justicia.
Sánchez Mejía emitió su veredicto sustentándose en que ambos imputados poseen arraigo suficiente en la República Dominicana, para presentarse a todas las audiencias y no sustraerse del proceso.
Mientras, que el 19 de febrero la Octava Sala de la Cámara Penal pidió a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) levantar de inmediato la inmovilización de las cuentas bancarias y certificados financieros, de la suspendida jueza Awilda Reyes Beltré acusada de emitir sentencias a favor de acusados de sicariato y narcotráfico.
Reyes Beltré y Arias Valera, han manifestado en distintas ocasiones que no tienen interés de sustraerse del proceso si no que esperan se conozca un juicio de fondo para demostrar su inocencia.
Ambos jueces son acusados de emitir fallos a favor de imputados acusados de sicariato y narcotráfico por pagos y ordenes de terceros, junto a otros cuatro jueces a quienes se les está llevando un caso disciplinario por el Consejo de la Suprema Corte de Justicia.