MEXICO.- El presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), Román Jáquez Liranzo, manifestó que la violencia política en el país no sólo se ejerce contra las mujeres sino también por el hecho de ser joven.
Durante su intervención en la novena Conferencia Iberoamericana sobre Justicia Electoral, junto a la magistrada Cristian Perdomo, que tuvo lugar en la ciudad de San Miguel de Allende en el estado de Guanajuato, el presidente del TSE indicó que si bien es cierto que la condición humana de la juventud se asocia a una actitud de vida, no menos cierto es que en las oportunidades políticas se impone el régimen de la escala en la edad de 18 a 35 años.
Jáquez Liranzo dijo que los partidos políticos deben aprovechar las ansias que tienen los jóvenes por influir socialmente en la sociedad, insertándolos en los esquemas de participación en procura de la innovación y renovación política.
“La juventud no es apática a la política, lo que ocurre es que muchos jóvenes se sienten frustrados porque no se llenan sus expectativas y porque escalar políticamente está lleno de exclusiones y de prejuicios por una supuesta falta de experiencia”, consideró el magistrado electoral.
A su entender, la poca participación de la juventud en la militancia política no se debe necesariamente a su desinterés sino al diseño de la legislación dominicana y en particular a los preceptos estatutarios que rige a los partidos.
Según consideró, los retos y desafíos que presenta la juventud en la actualidad son múltiples, tras subrayar que en el caso de su incidencia en la política, las barreras no se circunscriben al aspecto legal, sino que se vinculan a una cultura política que se remonta a décadas.
Jáquez Liranzo enfatizó que esa cultura política limita sensiblemente el desarrollo y participación de la mayoría de jóvenes interesados en incursionar en la vida política de República Dominicana.
Por otra parte, el presidente del TSE señaló que en materia contenciosa electoral el control difuso de constitucionalidad es una herramienta valiosa para poder corregir distorsiones legales y estatutarias que afecten a los jóvenes en sus derechos políticos y democráticos.