El Movimiento Cívico no Partidista Participación Ciudadana presentó el Primer Informe del Monitoreo Ciudadano a la Administración Pública en el marco del Proyecto “Ciudadanía Activa para una Gestión Local Transparente e Inclusiva”, ejecutado en consorcio con otras 9 organizaciones de la sociedad civil y coordinado por Oxfam-RD.
En este primer Informe se presentan los hallazgos de la auditoría ciudadana realizada por los munícipes de 22 de los 40 municipios en los que se ejecuta el Programa de Apoyo a la Sociedad Civil y a las Autoridades Locales (PASCAL) financiado por la Unión Europea y tiene como visión generar una cultura de transparencia y corresponsabilidad en la gestión municipal en la República Dominicana.
Indicaron que el Monitoreo Ciudadano a la Administración Pública es un protocolo de 11 indicadores para medir la transparencia y el nivel de desempeño de los gobiernos locales en tres ejes: 1) Profesionalización de la gestión municipal; 2) Participación ciudadana en el ciclo presupuestario; y 3) Inclusividad de los servicios públicos.
Los comités de veeduría valoraron el acceso a las instituciones locales, el control horizontal entre poderes, la gestión de la nómina y las garantías de transparencia e integridad, para lo cual solicitaron a las Oficinas de Acceso a la Información Municipal (OAIM).
Con respecto a la publicidad y transparencia en el acceso a las instituciones locales, ninguno de los municipios observados aportó prueba alguna de la difusión de las ofertas de contratación en medios de libre acceso al público ni evidencia de la celebración de consultas a la comunidad para la designación de sus alcaldes pedáneos.
El Informe reveló que el 63 por ciento de los municipios observados se reunió una o ninguna vez en el trimestre enero-marzo 2015, mientras que solo el 27% del total aportó prueba de las sesiones del Concejo celebradas con una regularidad mensual y/o superior.
En cuanto a la eficiencia en la gestión de los recursos humanos, las nóminas municipales revelaron una clara estabilidad en el número de empleados durante el primer trimestre del 2015, con casos muy puntuales de alzas en la contratación. Por el contrario, el informe mostró escenarios muy diversos en el camino hacia la igualdad y equidad en la administración local, con Ayuntamientos en los que es escasa la presencia de mujeres (11%) y otros donde el porcentaje de mujeres empleadas supera el 40%.
Además de estas circunstancias, se destacaron otros desafíos en la institucionalidad y legalidad de las nóminas municipales, algunas de ellas sin la debida identificación de cédula o cargo desempeñado, y la mayoría otorgan la condición de empleado a beneficiarios de ayudas selectivas de asistencia.
Soluciones presentadas por PC:
El Informe presenta los diez retos de la Administración Local para una mayor pluralidad, transparencia, rendición de cuentas y eficiencia:
1- Fortalecer las Oficinas de Acceso a la Información Municipal y el compromiso de los gobiernos locales con la transparencia.
2- Publicitar las ofertas de contratación municipal para asegurar la difusión entre los/las aspirantes en medios accesibles (mural del Ayuntamiento, anuncios en los medios…) garantizando la igualdad de oportunidades en el acceso a las instituciones locales.
3- Recuperar la vocación participativa de la designación de los alcaldes pedáneoscelebrando las asambleas comunitarias previstas en la Ley 176.
4- Asegurar la regularidad de las sesiones del Concejo Municipal. La falta de convocatoria de este espacio de encuentro o su reconducción a otros escenarios informales debilitan la gobernabilidad.
5- Institucionalizar la rendición de cuentas periódica formalizando la presentación regular de informes del Alcalde/sa al Concejo Municipal prevista en la Ley 176.
6- Fortalecer la apariencia de legalidad e institucionalidad de la nómina municipal con especificación del cargo, cédula, salario y retenciones.
7- Implementar una política de equidad de género en la contratación municipal que asegure la presencia de mujeres, la eliminación de las diferencias salariales y la reproducción de las relaciones de poder en las instituciones locales.
8- Apego al manual de cargos y a la legislación en materia salarial. La ausencia de escalas convierte la asignación de sueldos en un ejercicio arbitrario que lesiona la institucionalidad democrática. Los gobiernos locales deberán combatir la precariedad salarialeliminando las retribuciones por debajo del salario mínimo legal, así como reconducir la asistencia social y las pensiones hacia las instituciones y/o programas de protección y previsión de contingencias correspondientes.
9- Fortalecer el compromiso de las autoridades, representantes y funcionarios/as del gobierno local con la transparencia y la ética, cumpliendo en tiempo y forma con la obligación de presentar la declaración jurada de su patrimonio en el registro del Ayuntamiento.
10- Fortalecer la apariencia de legalidad e institucionalidad del listado de proveedores. Las buenas prácticas de transparencia en la formalidad de los documentos públicos facilitan la fiscalización de posibles incompatibilidades y generan confianza entre la ciudadanía.
Municipios del Proyecto: Santiago, Navarrete, Puerto Plata, San José Las Matas, Moca, Villa González, Mao, Monte Cristi, Sabaneta, Monción, Castañuelas, Dajabón, DN, SD Este, SD Norte, SD Oeste, Guerra, Sabana De La Mar, Hato Mayor, Higüey, Cotuí, Samaná, San Francisco Macorís, Castillo, Bayaguana, Los Alcarrizos, Boca Chica, Barahona, La Vega, Villa Tapia, San Pedro Macorís, Sabana Grande Boya, Baní, San José Ocoa, Monte Plata, Azua, San Juan La Maguana, Comendador, Duvergé, Villa Jaragua.
Municipios analizados en el Informe: Santiago, Navarrete, Puerto Plata, Moca, Barahona, DN, Villa González, Villa Tapia, Sabana Grande Boya, San José las Matas, Duvergé, Santo Domingo Oeste, Baní, Ocoa, Monte Plata, Azua, San Juan Maguana, San Pedro Macorís, Villa Jaragua, Comendador, Los Alcarrizos, Boca Chica.