SANTO DOMINGO- La directora ejecutiva de Participación Ciudadana, Rosalía Sosa, dijo es que es un proceso normal la solicitud y concesión de una extensión de plazo para concretizar las investigaciones que desde el pasado 2016, se sigue contra las personas imputadas por el escándalo de soborno de la constructora brasileña Norberto Odebrecht.
Sosa entiende que son difíciles las circunstancias que rodean el proceso y construcción de un material acusatorio.
Sin embargo, criticó las actuaciones del procurador Jean Alain Rodríguez, quien califica el proceso judicial de excelente en comparación con otros países involucrados, donde ya estos incluso mantienen condena hasta contra vicepresidentes.
Reitera ante las acciones del órgano y las dificultades que este ha tenido para estructurar una defensa fundamentada de materiales que demuestren la culpabilidad de los imputados.
Lamentó que con dicho reconocimiento de incapacidad, se pone en descrédito la labor de los fiscales y fomenta las posturas de aquellos que creen que se trata de un error intencional que pretende facilitar impunidad.
Durante un encuentro con un equipo periodístico de Acento.com.do, la ejecutiva de Participación Ciudadana señaló que es el propio Ministerio Público el que se convertido en el enemigo con la manera en que está empleando el proceso judicial.
“El Ministerio Público debe emplear otras diligencias e incluir a los verdaderos responsables que aún no han sido identificados, es notoria la necesaria inclusión de otras personas que han tenido participación en los hechos investigativos y no han sido citadas”, afirmó Sosa.
Dijo que es preocupante que los documentos que recibió la Procuraduría de parte de la justicia brasileña, no revelan la lista de sobornados que tantas veces prometió Jean Alain Rodríguez.
La ejecutiva calificó de “penosa” la escasa vocación del Ministerio Público para desentrañar el proceso. La misma Procuraduría no ha citado la instancia que presentó el Centro Social Juan XXIII, Fundación Masada, Santiago Somos Todos y PC, donde se pide se investigue el destino de US$4,396 mil millones transferidos por Odebrecht en Perú a la empresa Cine&Art 2013, constituida por dos hijos de Joao Santana y Mónica Moura.
“Esperemos que con este plazo, realmente concluyan las investigaciones y sean encarcelados los culpables”, dijo Sosa.