El Ministerio Público acusa al ingeniero Francisco Pagán Rodríguez de crear y dirigir una estructura de corrupción dentro de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), con lo que pudo cambiar la situación económica que tenía antes de dirigir la entidad, la cual es calificada por el órgano acusador como “sumamente precaria”.
En efecto, según el expediente acusatorio de la operación Antipulpo, Pagán elevó considerablemente su estilo de vida, presentando gastos en restaurantes y lugares de clase alta, los cuales no podría permitirse con el salario que devengaba en la OISOE.
Específicamente, el Ministerio Público menciona los gastos incurridos por el imputado en el Restaurante Cantábrico, en el Distrito Nacional, que ascienden a RD$ 249,522.04 mensuales, desde el 2017 hasta el 2020.
Sin embargo, asegura el documento, su ingreso legal a través de su salario neto de la OISOE no alcanzaba dicha suma mensual.
Explica que en mayo del 2021 fue solicitado por la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) a la Cámara de Cuentas una inspección y evaluación de las Declaraciones Juradas de Patrimonio presentada por Pagán, en la que se observó una variación de RD$ 11,245,250.00.
Ese aumento, indica el Ministerio Público, se debe a la adquisición de una propiedad ubicada en la provincia Bahoruco y de dos vehículos de motor marca Audi y Volvo, año 2019.
“Tomando en consideración el perfil del sujeto obligado, los antecedentes laborales presentados, la cantidad de productos bancarios, el ingreso por salario generado mensualmente, que no presenta sucesiones o dotacionales, que no declara capital invertido que genere ingresos por dividendos, el total de gastos varios, o préstamos que se relaciones con la adquisición de dichos bienes, el referido incremento del patrimonio resulta irracional e inconsistente”.
El órgano acusador dice que con lo anterior se comprueba el supuesto enriquecimiento injustificado presentado por Pagán, asegurando que al monto establecido por la Cámara de Cuentas deben sumarse las propiedades inmuebles que el acusado no traspasó a su nombre pues no tendría manera legal de justificar la adquisición de estas.
También acusa a otras personas de ser cómplices del exfuncionario en las supuestas acciones ilícitas dentro de la OISOE, entre ellas a Víctor Matías Encarnación Montero (a) La Boya, con la función de director técnico; Wilfredo Antonio Ramírez Sánchez como director financiero; Lina Ercilia de la Cruz Vargas con la función de directora Jurídica; Pachristy Emmanuel Ramírez Pacheco, con las funciones de subdirector jurídico; Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, con la función de director de fiscalización de obras; y el señor Wilfredo González Castillo, como encargado de cubicaciones.