El Ministerio Público informó que presentó más de 15 mil páginas de evidencias en contra de los imputados en el caso Coral 5 G, que tiene como principales implicados al general Juan Carlos Torres Robiou y a Julio Camilo de los Santos Viola, exseguridad del expresidente Danilo Medina.
“Evidencias que son irrefutables y que ponen en condición a la jueza de imponer la medida de coerción que va a solicitar el Ministerio Público, que es prisión preventiva”, indicó el procurador adjunto Wilson Camacho.
Dijo que los fiscales tienen previsto concluir este viernes con la presentación de la solicitud de la medida de coerción, en la audiencia programada para las 10:00 de la mañana.
“Motivaremos las razones por las que este caso debe ser declarado complejo e indicaremos al tribunal la medida de coerción que habremos de solicitar para cada uno de los imputados”, expresó el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Camacho precisó que el cuerpo de fiscales cumple con el calendario y que hace lo que le corresponde para que el tribunal tome una medida acorde con los hechos graves que se han presentado, con las evidencias que tienden a que sea acogida la petición del Ministerio Público.
La jueza Kenya Romero, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, luego de agotado el programa del jueves, dispuso el aplazamiento de la audiencia para este viernes a la hora indicada anteriormente.
El Ministerio Público aseguró que depositó la solicitud de medida de coerción junto a más de 700 pruebas que vinculan a los imputados al entramado de corrupción administrativa desmantelado con la Operación Coral 5G, para quienes pide 18 meses de prisión preventiva y que el caso se declare complejo.
La medida fue solicitada, además de Torres Robiou y De los Santos Viola, en contra del también general Boanerges Reyes Batista, así como del capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores (ARD), los coroneles Carlos Augusto Lantigua Cruz, Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara, Miguel Ventura Pichardo (FARD) y el teniente coronel Erasmo Roger Pérez Núñez (FARD).
También, contra el teniente coronel Kelman Santana Martínez (ERD) y el mayor José Manuel Rosario Pirón (PN). Igualmente, la primer teniente Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, César Félix Ramos Ovalle y Esmeralda Ortega Polanco.
En el caso del general De los Santos Viola, se conocerá en otra audiencia, cuando la Corte de Apelación del Distrito Nacional decida sobre la recusación a la jueza Romero.
El auto de solicitud de coerción incluye documentos de bancos, títulos de propiedad, bienes inmuebles que han sido decomisados y una serie de elementos probatorios.
En el proceso también representan al Ministerio Público los fiscales Mirna Ortiz, coordinadora litigación de la Pepca; Miguel Collado, María Melenciano, Jonathan Pérez, Emmanuel Ramírez, Arolin Lemos Féliz y Melvin Romero.
De acuerdo al Ministerio Público, la red de corrupción desmantelada con las operaciones Coral y Coral 5G movió al menos 4,500 millones de pesos, ha establecido el Ministerio Público durante la investigación.
A los oficiales de cuerpos castrenses, incluyendo generales, se les ha ocupado hasta el momento unas 125 propiedades.
Se indicó que en la Operación Coral 5G se ejecutó con 49 allanamientos en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, Santiago y La Vega, en una acción sincronizada, dirigida por los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, responsables de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Pepca.
Estas nuevas acciones contra la corrupción administrativa se suman a las realizadas por la Operación Coral, por la que también desde mayo pasado cumplen prisión preventiva de 18 meses varios miembros de la Policía Nacional y organismos castrenses.