Cortesía de El Financiero
CIUDAD DE MÉXICO.- El vocero de Los Pinos, Eduardo Sánchez, aclaró el porqué en México no hay ningún sentenciado por el caso Odebrecht, el escándalo de corrupción en el ámbito continental, como en Brasil o Perú. Afirmó que esto se debe a que el gobierno peñista no quiso negociar la impunidad que pedían los directivos de empresa brasileña.
Una publicación del periódico El Financiero, de México, reseña que un portavoz participó en una mesa de debate en el noticiero de Carlos Loret, en Televisa, en el que además estuvieron María Scherer y el politólogo Leo Zuckermann.
Refirió que Odebrecht se acercó al gobierno mexicano y propuso dos cosas: un expediente con información que podría ayudar a esclarecer el caso de corrupción y el pago de un resarcimiento económico.
“A cambio de eso nada más te pido dos cosas: la primera, impunidad para mi gente; es decir, que no se les meta a la cárcel, que no se les persiga en tu país; y dos, que yo siga teniendo mis contratos en México (…) desde luego que eso fue rechazado por México, no es transitable un acuerdo de impunidad”.
Eduardo Sánchez indicó que es “absolutamente falso” que el dinero de Odebrecht haya llegado a la campaña del presidente Enrique Peña Nieto, esa “acusación es infame”, aclaró.
Refirió que el responsable del despacho en la PGR, Alberto Elías, tiene la responsabilidad en sus manos, ya que está revisando los avances en la investigación alcanzados por el exprocurador Raúl Cervantes.
“Toca a él la responsabilidad de presentar la acusación, pues él está haciendo una revisión de precisamente lo que Raúl Cervantes dice que dejó terminado y que está prácticamente muy avanzado para presentar esa acusación. De manera que vamos a esperar a que quien va ser el responsable de ese asunto tenga los elementos para presentar la acusación”, subrayó.
“CULPAR AL GOBIERNO”
El funcionario fue cuestionado sobre si la filtración de información a los medios, no sólo de información patrimonial, sino de expedientes abiertos contra Ricardo Anaya, dirigente del PAN; y Alberto Anaya, dirigente del PT, puede considerarse como una “persecución política”.
“Está de moda echarle la culpa al gobierno de todo lo que ocurre”, esgrimió y reviró: “Que no se le eche la culpa al gobierno. El gobierno no compró inmuebles, el gobierno no se los puso a nombre de su familia, de manera que el señor (Ricardo Anaya) tendría que explicar de dónde salió su buena fortuna y no echarle la culpa de su mala fortuna al gobierno”.
Dijo que ante el alza en el número de homicidios dolosos y la ola de violencia que se vive en el país, es necesario hacer un ejercicio autocrítico, el cual debe reconocer cuáles son las asignaturas pendientes y cuáles son los avances.
En primer término, admitió que pese a que ha habido un esfuerzo serio de coordinación entre el gobierno federal y las entidades, y pese a la labor de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad, el país sigue teniendo un problema significativo en lo que respecta a las fortalezas de las policías locales.
“Tenemos 2 mil 440 municipios en el país, de los cuales 600 no tienen un solo policía. Mil 800 de esas corporaciones policíacas, el 80 por ciento, no llegan a 100 policías su corporación; y de ellos, el 40 por ciento no cobra más de 5 mil pesos por policía”.
–O sea, ¿el problema son las policías? –inquirió Loret de Mola.
–Con policías mal equipadas, con policías mal reclutados, sin los incentivos para hacer una carrera policiaca, etcétera, pues esa es la circunstancia –atajó.
Sánchez refirió que el Presidente envió hace casi tres años una iniciativa al Congreso para que se discutiera el mando único, la cual plantea pasar de tener mil 800 policías a sólo tener 32 perfectamente bien equipadas que le hagan frente a la violencia.