SANTO DOMINGO, República Dominicana.-Los 4 contratos firmados por la Procuraduría General de la República y el Consejo del Ministerio Público, encabezados por el entonces procurador Jean Alain Rodríguez, impiden a las autoridades poder contratar a otros abogados para los mismos servicios hasta que termine la vigencia de estos convenios legales el 31 de diciembre del año 2023.
Aunque se establece que los servicios serán prestados por las 4 juristas de manera “gratuita”, una cláusula especifica que si las autoridades rescinden los contratos de manera unilateral, cada abogado recibirá un pago de RD$5 millones, lo que significa que por los cuatro contratos se pagarían RD$20 millones.
Los contratos fueron suscritos con los abogados José Leonardo Martínez Hoepelman, Julio Miguel Cury David (Julio Cury), Eduardo Jorge Prats y Valentín Medrano Peña. Fueron firmados el 17 de marzo de 2020 y concluyen el 31 de diciembre del año 2023, lo que significa que solo a partir del 1 de enero de 2024 las autoridades del Ministerio Público podrán disponer de contratar a otros juristas para las mismas labores.
Los cuatro contratos “gratuitos” firmados el 17 de marzo de 2020 por la Procuraduría General de la República y el Consejo del Poder Judicial con cuatro abogados para servicios legales se llevaron a cabo mediante un poder especial que el propio procurador Jean Alain Rodríguez dio al notario Joel Rodríguez Imbert.
Los documentos establecen que la Procuraduría General de la República y el Consejo Superior del Ministerio Público "no “podrán apoderar a otros abogados para la prestación de los servicios para los que el contratista (es decir, abogado) ha sido contratado”.
La noche de este jueves, 10 de septiembre, tan pronto Acento.com.do informó publicó la información sobre estos convenios legales, el jurista Eduardo Jorge Prats informó en su cuenta de Twitter que renunciaba a cualquier compensación económica y que no se opondría a que su contrato fuera rescindido de inmediato sin necesidad de que se le compensara económicamente.
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