SANTO DOMINGO, República Dominicana.-El jurista Julio Cury afirmó que los abogados tienen legítimo derecho a cobrar el precio de los servicios que prestan.
De esa manera reaccionó a la historia publicada por este medio sobre cuatro contratos firmados por las pasadas autoridades de la Procuraduría y cuatro reconocidos abogados, entre los cuales se encuentra Cury, para prestar servicios de manera gratuita, pero atados a una cláusula que obliga al Ministerio Público a pagar RD$5 millones si los rescinde de manera unilateral.
Los contratos fueron suscritos con los abogados José Leonardo Martínez Hoepelman, Julio Miguel Cury David (Julio Cury), Eduardo Jorge Prats y Valentín Medrano Peña.
Fueron firmados el 17 de marzo de 2020 y concluyen el 31 de diciembre del año 2023. Si antes de esa fecha la parte contrantante decide de manera unilateral poner fin al contrato, estará obligada a pagar al contratado RD$5 millones. Si se rescinden los cuatro contratos, las autoridades tendrían que pagar RD$20 millones.
Antes que Cury, reaccionó el jurista Eduardo Jorge Prats, quien se mostró dispuesto a renunciar a cualquier compensación y a aceptar que el contrato sea rescindido sin mayores consecuencias.
Los contratos, que fueron suscritos por separado por los cuatro juristas tienen las mismas bases y, en nombre de la Procuraduría General de la República, firmó el abogado notario público Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, en fecha 17 de marzo del año 2020.
El entonces Procurador General de la República, Jean Alain García, le otorgó un "poder especial" al notario Rodríguez Imbert para contratar a los cuatro notables abogados, con la finalidad de poder enfrentar la objeción hicieron que hicieron 19 fiscales al "Concurso Interno para la Selección de Titularidades" convocado por el Consejo Superior del Ministerio Público el 7 de febrero de 2020.
A continuación lo publicado por Julio Cury, en su cuenta de Twitter @JuLiOCuRY
"Los abogados ejercemos la profesión, como decía Bastonero Chenu, con el "muy legítimo derecho de obtener el precio de los servicios que prestamos". En el caso que cierta prensa hoy destaca, el que procuró y contrató nuestros servicios no fue Jean Alain, sino… (1/3)
"… el Consejo Superior del Ministerio Público, y la clausula penal fijada fue para prevenir la revocación unilateral y arbitraria del mandato otorgado, con la consecuente afectación reputacional. (2/3)