Redacción Internacional, 9 oct (EFE).- En la actualidad, 58 países, entre ellos China, Japón y Estados Unidos, mantienen la pena capital en su ordenamiento jurídico, una situación que vuelve al primer plano de la actualidad al celebrarse mañana, viernes, el Día Mundial contra la pena de muerte.
Hace cien años, tan sólo tres estados -Costa Rica, San Marino y Venezuela- se declaraban abolicionistas y habían retirado la pena capital de su ordenamiento.
En la actualidad, 98 países son abolicionistas para todos los delitos, 7 sólo para delitos comunes y 35 lo son en la práctica, según datos de Amnistía Internacional (AI) correspondientes a 2013,
Los Gobiernos de la Federación Rusa, que decretó una moratoria de las ejecuciones en agosto de 1996, con excepción de Chechenia, donde se llevaron a cabo entre 1996 y 1999, y de Mongolia, desde 2010, han suspendido su aplicación.
En el otro extremo, 58 países y territorios mantienen la pena de muerte, entre ellos Cuba y Bielorrusia, que son los únicos países en América Latina y Europa que la aplican.
Seis países del G-20 tienen vigente la pena capital, Estados Unidos, Japón (que llevó a cabo las dos últimas ejecuciones el pasado 29 de agosto), Arabia Saudí, China, India e Indonesia. Los dos primeros, además, son miembros del G-8.
Amnistía Internacional (AI) asegura que durante el pasado año se registraron ejecuciones en 22 países, uno más que el año anterior.
El número total de sentencias de muerte ejecutadas en todo el mundo se elevó a 778, lo que supuso un aumento de casi el 15 por ciento en comparación con 2012, en el que AI estima que fueron ejecutadas 682 personas.
En estas cifras no se incluyen los millares de personas, que según AI, son ajusticiadas cada año en China, dado que el tema es tratado como secreto de Estado y no existen datos fiables.
Excluidos los datos de China, casi el 80 por ciento de las ejecuciones de que se tuvo noticia se registraron en solo tres países: Arabia Saudí, Irak e Irán.
Por su parte, Estados Unidos fue el único país del continente americano que llevó a cabo ejecuciones durante 2013, aunque en menor número que el año anterior.
En concreto, 39 personas fueron ejecutadas durante ese periodo frente a las 43 correspondientes de 2012, según datos de la fundación "Death Penalty Informacion Center".
Además, Maryland se convirtió en mayo de 2013 en el décimo octavo estado abolicionista de Estados Unidos y el Tribunal Supremo del país falló que, además del coeficiente intelectual de los condenados, se tengan en cuenta otros parámetros para decidir si un reo puede ser ajusticiado.
En el debate planteado en torno a la legitimidad de la institución de la pena de muerte se enfrentan dos concepciones opuestas; desde diversos organismos humanitarios se reclama su supresión en defensa del derecho a la vida, sin embargo los defensores de su aplicación consideran que es el castigo más eficaz para ciertos delitos. EFE