PUERTO PLATA, República Dominicana.- Diversas instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil se comprometieron a llevar a cabo las acciones necesarias para fortalecer las políticas de seguridad ciudadana en la provincia de Puerto Plata.

Esto se hizo efectiva a través de la firma de un acuerdo conjunto elaborado por el movimiento cívico Participación Ciudadana, capítulo dominicano de Transparencia Internacional.

La Mesa de Concertación Estado-Sociedad coordinado por Participación Ciudadana, incluyó a las instituciones firmantes y otros actores de la región con el propósito de identificar las principales problemáticas relacionadas a la seguridad ciudadana, los desafíos pendientes y las instituciones responsables de dar respuestas contundentes.

“La firma de este compromiso surge por la necesidad de dar una respuesta integral a la inseguridad ciudadana, con acciones de prevención correctiva que articulen de manera intersectorial a las instituciones gubernamentales y del gobierno local”, afirmó la directora ejecutiva de Participación Ciudadana, Rosalía Sosa.

Con el acuerdo se crea el Comité por la Seguridad Ciudadana y la Justicia de Puerto Plata, bajo la coordinación del Centro Universitario Regional del Atlántico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (CURA-UASD), para dar seguimiento a los compromisos asumidos.

Asimismo las partes involucradas convinieron presentar un informe sobre los avances logrados en un plazo de tres meses.

El “Compromiso por la Seguridad y la Justicia” fue suscrito por representantes de la Procuraduría Fiscal; Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (Conani); Cuerpo de Bomberos de Puerto Plata; Ministerio de la Mujer; Policía Nacional; Pro-Puerto; Rescate Ambar; Fundación Gregorio Luperón; CEPROSH; así como autoridades académicas, líderes de juntas de vecinos y dirigentes comunitarios.

Según la investigación, dirigida por la antropóloga social Tahira Vargas, las principales preocupaciones de la sociedad puertoplateña están vinculadas al alto nivel de atracos y robos, el auge del microtráfico de drogas, la decadencia del turismo debido al impacto de la inseguridad y los feminicidios.

De acuerdo al diagnóstico, añadieron que se requieren medidas de prevención más efectivas, que integren programas de formación en derechos humanos y patrones de crianza, programas de salud mental para fomentar la integración y la equidad, y campañas de promoción de hogares dignos y familias sin violencia.

Sobre la violencia de género, se propuso generar estructuras de asistencia psicológica y centros de atención para hombres agresores, y desarrollar programas de reinserción escolar para adolescentes y jóvenes de género masculino.

Con respecto a la intervención correctiva, resulta necesaria una reforma integral de la Policía Nacional, que incluya el mejoramiento condiciones laborales de los agentes, un mayor grado de profesionalización, un proceso de depuración policial y mecanismos efectivos de integración Policía-sociedad civil. Asimismo, se sugiere mayor firmeza en la aplicación de la ley y del régimen de consecuencias en el Poder Judicial.

Mientras que para el Ministerio Público se recomienda la integración de fiscales a los problemas y contexto social, el fortalecimiento de las fiscalías barriales y el sometimiento a la Justicia, destitución de fiscales que violen la ley y que se politicen en sus acciones.

La propuesta de suscribir un compromiso vinculante para todos los actores llamados a dar respuesta a las problemáticas relacionadas a la seguridad ciudadana surgió durante la socialización de los resultados de este proceso de consulta realizado por Participación Ciudadana el pasado 17 de marzo en la Cámara de Comercio de Puerto Plata.

La firma se llevó a cabo en el Auditorio del Centro Universitario Regional del Atlántico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (CURA-UASD).