SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La procuradora fiscal titular del Distrito Nacional, magistrada Yeni Berenice Reynoso, informó que abrió una investigación con relación al Centro Médico en el que estuvo ingresado el dirigente reformista José del Carmen Cruz, debido a que supuestamente se falseó su situación real de salud para favorecerlo en el proceso judicial que se lleva en su contra.
El pasado 2 de febrero la jueza del Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Isabel Guzmán, varió la coerción de prisión preventiva contra Cruz por el pago de una garantía económica de tres millones de pesos, presentación periódica e impedimento salida.
Cruz fue acusado de dedicarse a alterar las fechas de vencimiento de productos farmacéuticos, con el fin de poner en circulación la venta, constituyendo esto una actividad ilegal y una maniobra fraudulenta en perjuicio del Estado Dominicano y la ciudadanía en general, mediante la empresa llamada Yomifar, SRL.
La Fiscalía ejecutó la libertad que obtuvo el imputado por el proceso en que es acusado de falsificar medicamentos a gran escala que eran distribuidos a nivel nacional por el sector público y privado, además de lavado de activos, actividades ilícitas que le generaron cuantiosos recursos económicos.
Agresión sexual
Este martes 10 de febrero a José del Carmen Cruz fue arrestado tras ser declarado en rebeldía a propósito de una acusación en su contra por cometer los delitos de agresión sexual y violencia de género agravado en perjuicio de una empleada que laboraba para él en una de sus empresas.
Por razones de preservar la dignidad de la víctima, la Fiscalía opta por evitar dar a conocer la identidad de la misma, la que fue acosada, agredida sexualmente y maltratada físicamente.
El Primer Juzgado de la Instrucción está apoderado del conocimiento de una instancia dirigida por la Fiscalía en la que se solicita el levantamiento de la rebeldía que pesa en contra de José del Carmen Cruz y se proceda a variarle la medida de coerción a prisión preventiva en vista de los antecedentes del imputado, su comportamiento frente al proceso y la gravedad de los hechos.
En los próximos días la Fiscalía procederá a depositar un recurso de apelación en contra de la decisión que favoreció al imputado con una garantía económica, a través de una compañía aseguradora, por un monto de tres millones de pesos.