SANTO DOMINGO, República Dominicana.-Será el 7 de noviembre cuando la justicia conozca de la solicitud hecha por el senador Félix Bautista para que se le retire la oposición que pesa sobre sus bienes inmuebles, valorados en millones de dólares.
Este viernes (ayer) el juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Frank Soto Sánchez, decidió que será el martes 7 de noviembre, a las 9:00 am, cuando se conocerá de la solicitud de Félix Bautista, senador por San Juan de la Maguana y secretario de Organización del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
La oposición fue impuesta por la Procuraduría General de la República, encabezada por Francisco Domínguez Brito, e incluye a las propiedades inmuebles de la empresa Inmobiliaria Rofi, S.R.L., cuyo principal accionista es el influyente legislador, que hizo fortuna durante los años que dirigió la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), en el gobierno de Leonel Fernández. El político dejó ese cargo cuando pasó a ser senador en el año 2010.
En el cuatrienio 1996-2000 el dirigente peledeísta Félix Bautista dijo en su declaración jurada que tenía un patrimonio de sólo 547 mil pesos. Luego en el año 2010 declaró un patrimonio entre muebles y pasivos y activos, de 16 millones de pesos. Dos años después, en 2012, se declaró multimillonario con empresas que manejan grandes proyectos de construcción en Haití y en otros países.
En una entrevista concedida a Acento.com.do en 2012, el senador Bautista declaró que no sabía a cuánto ascendía ya el monto de su fortuna. Prometió dar el dato a este medio, pero han pasado más de dos años y todavía no ha respondido.
La investigación encabezada por el Procurador Francisco Domínguez Brito fue considerada por Félix Bautista como una “persecución política”.
Ayer, el juez Soto, mediante el auto No.3-2014, ordenó notificar por secretaría la decisión al legislador peledeísta, a su abogado Juan Antonio Delgado, al procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, y a la directora de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Laura Guerrero.
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