Una sentencia de 15 años de prisión fue dictada en contra de un hombre que acusado de haberle quitado la vida a otro mientras perpetraba un robo en una residencia donde despojaron a una de las víctimas de la suma de 100 mil pesos y un celular.
La condena fue dictada por el Tribunal Colegiado de La Altagracia en contra de Andy Esmeraldo Reyes, quien se determinó que se había asociado a Diomedes Rijo, fallecido, para cometer crímenes y delitos contra personas y propiedades en horas de la noche.
Contra otro implicado identificado como Francis Peralta Ortiz, el tribunal dictó 5 años de prisión por violación a la Ley 36 sobre Comercio, Porte y Tenencia de Armas.
El expediente expresó que en una de sus actividades delictivas, Diomedes Rijo le propinó un disparo de arma de fuego al ciudadano Juan Alfredo Rodríguez, el cual falleció antes de ser traslado al Hospital Nuestra Señora de La Altagracia. Los disparos también alcanzaron al joven Deivi Cedeño Castillo, quien resultó herido en el abdomen.
Igualmente detalló que el imputado Andy Esmeraldo junto a otra persona prófuga, le ocasionaron la muerte a su compañero Diomedes Rijo.
Indicó que los imputados penetraron a la residencia del señor Francisco Castillo Núñez, y lo despojaron de la suma de dinero y el aparato celular.
Señaló que mientras perpetraban el robo hicieron uso del arma de fuego para impedir ser arrestados por personas civiles que se encontraban en el entorno, siendo en esas circunstancias que resultó herido Juan Alfredo Rodríguez, quien posteriormente murió.
Según se estableció en el proceso de investigación, el imputado Francis Peralta Ortiz tiene un vínculo directo con la comisión de estos delitos y se hizo cómplice de forma consciente, ya que fue la persona que para impedir que las autoridades completaran las investigaciones, procedió a guardar el arma de fuego con la que el imputado Andy Esmeraldo le había ocasionado la muerte a su compañero Diomedes Rijo.
Andy Reyes fue hallado culpable de haber violado los artículos 265, 266, 295, 304, 309, 379, 382, 385 y 386.1 del Código Penal Dominicano.
La Procuraduría Fiscal de La Altagracia, dirigida por Edwin Encarnación Medina, estuvo representada por la fiscal Mercedes Santana Rodríguez, quien demostró con diversas pruebas los hechos atribuidos a los sentenciados.
El tribunal dispuso que los imputados cumplan sus respectivas sentencias en un centro de corrección de esta jurisdicción.