Cuba, Argentina y República Dominicana cerraron hoy las audiencias públicas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en su primer periodo de sesiones de este año abordó casos de 20 países del continente.
Entre las audiencias destacadas de la jornada fue la dedicada a los derechos políticos de las personas de ascendencia haitiana en la República Dominicana, un tema que también se abordó en los últimos cuatro periodo de sesiones.
La comisión instó al Gobierno dominicano a que no niegue el "racismo estructural" que sufren las personas de ascendencia extranjera en el país, sobre todo los de origen haitiano.
"Valoramos los esfuerzos (del Gobierno dominicano), que no son menores, pero negar que hay un racismo estructural reproduce las violaciones de derechos humanos", afirmó el secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza.
La representación del Gobierno dominicano se quejó de la convocatoria de esta audiencia seis meses después de otra sobre el derecho a la nacionalidad de las personas de ascendencia haitiana.
"Si se atendiera lo que dice la comisión en sus informes, no habría sido necesaria esta audiencia. Hay un problema serio", defendió Álvarez Icaza al respecto.
"La comisión tiene la más grave preocupación por este caso. Lo que hemos encontrado son temáticas de resistencia y negación y cuando se niega el racismo lo que pasa es que se reproduce la violación de derechos humanos", agregó.
La CIDH publicó en febrero un informe muy crítico con el actual Gobierno dominicano y con la "discriminación histórica" que han sufrido en el país durante décadas las personas de ascendencia haitiana.
Mayerlyn Cordero, representante alterna de República Dominicana en la OEA, lamentó que la comisión convocara la audiencia a poco más de un mes de las elecciones generales del 15 de mayo en el país caribeño y le pidió "prudencia y oportunidad" al cumplir sus mandatos.
Cordero rechazó además las denuncias de las organizaciones civiles de que el Gobierno niega los derechos políticos a las personas de origen haitiano al impedirles el acceso o la renovación de su documento identificativo.
Las organizaciones no gubernamentales pidieron a la OEA que incluya al relator para las personas inmigrantes y apátridas de la CIDH en su próxima misión de observación electoral en República Dominicana.
Cuba
Seis organizaciones de la sociedad civil cubana denunciaron un aumento de la "represión" del Gobierno de la isla contra los activistas y periodistas independientes y solicitaron a la comisión que reitere su llamado para que Cuba se reintegre en el Sistema Interamericano.
Cuba es el único país del continente que no participa en la Organización de Estados Americanos (OEA), a pesar de que en 2009 se levantó la suspensión de 1962, emitida tras el triunfo de la revolución de Fidel Castro.
Los cubanos llevan así medio siglo en una suerte de limbo dentro del organismo continental ya que, pese a la negativa del Gobierno a reintegrarse, la CIDH -órgano autónomo de la OEA- atiende y denuncia las violaciones de derechos humanos en la isla.
La filosofía detrás de esta situación es que la suspensión de Cuba se entendió como un castigo al Gobierno pero no a sus ciudadanos, que pueden acudir a la comisión para denunciar las violaciones de derechos humanos.
Argentina
Otro de los protagonistas de la jornada fue Argentina, con una audiencia en que el Gobierno de Mauricio Macri y 18 grupos de la sociedad civil chocaron por los decretos proclamados en diciembre por la Casa Rosada con los que se modifica la polémica ley de medios del kirchnerismo.
"El Gobierno ha decretado la ley de la selva en la que los grandes jugadores se quedan con todo y dejan a la sociedad civil sin nada", denunció en nombre de las organizaciones el influyente periodista Horacio Verbitsky.
Los peticionarios argumentaron que los decretos proclamados el pasado diciembre por Macri favorecen la concentración de medios, benefician al Ejecutivo y a las grandes empresas y coartan a grupos de la sociedad civil, como universidades, pueblos indígenas, medios comunitarios y asociaciones sin ánimo de lucro.
Sin embargo, en nombre del Ejecutivo, el secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Claudio Avruj, defendió los decretos de Macri porque cierran la "etapa de discrecionalidad" de Cristina Fernández de Kirchner, que tuvo enfrentamientos por esta ley con el grupo Clarín, el mayor conglomerado mediático de Argentina.
"Durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner la política en medios audiovisuales y de prensa estuvo dirigida a imponer la hegemonía del Gobierno sobre la pluralidad de voces del proceso democrático", afirmó Avruj.
La CIDH concluyó hoy las audiencias públicas de su 157 periodo de sesiones, en el que centraron la atención su choque con el Gobierno mexicano, la investigación de la muerte de la activista hondureña Berta Cáceres y la situación de los presos políticos en Venezuela. EFE