SANTO DOMINGO, República Dominicana.-El Consejo Nacional de Empresas Privadas (CONEP) manifestó que con la decisión del Tribunal Superior Administrativo (TSA) de acoger el recurso de amparo para “liberalizar” el sector del transporte terrestre de carga y de pasajeros, ganó la sociedad dominicana y todos los ciudadanos y ciudadanas.
Mediante una comunicación enviada a los medios, indicó que las 90 empresas y asociaciones que presentaron el recurso valoran muy positivamente el pronunciamiento de los magistrados del alto tribunal y consideran que, con dicha decisión, se fortalece el rol del TSA como jurisdicción constitucional y poder judicial independiente.
El Conep dijo confiar en que, apoyado en esta sentencia del TSA, la Administración Pública cumplirá con su deber de proteger los derechos constitucionales en el sector del tránsito terrestre, tanto de carga como de pasajeros.
“La protección de los derechos fundamentales a la libertad de empresa, libertad de tránsito y libertad de contratación constituye un requisito indispensable para que la ciudadanía tenga derecho a un transporte eficiente, seguro y digno”, añadió.
Destacó que el TSA ordenó a los órganos estatales afectados en la resolución que adopten “de manera inmediata” medidas de protección para que cualquier empresa pueda depositar y retirar sus mercancías de los distintos muelles y puertos del país, garantizar la libre competencia en todos los sectores económicos, evitar prácticas anticompetitivas en el transporte turístico, proteger a las personas físicas o morales y supervisar a los agentes del orden que den protección y cumplan con sus deberes a cargo.
Resumen del fallo de la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo:
Al Ministerio de Trabajo, velar porque no se establezcan monopolios en provecho de particulares en trabajos de carga o descarga de buques o naves de cualquier naturaleza en los distintos muelles y puertos del país.
Al Ministerio de Industria y Comercio, dictar y vigilar el cumplimiento de normas que garanticen la libre competencia y los niveles de precios, preservando en favor del mercado común, un régimen de competencia efectiva en el aspecto comercial del sector transporte de mercancías.
A la OTTT, cumplir con la obligación de dictar y adoptar todas las medidas necesarias para la organización y control del transporte terrestre de pasajeros…para eliminar toda especie de práctica anticompetitiva.
Al Ministerio de Turismo, adoptar todas les medidas necesarias a los fines de evitar cualquier tipo de práctica anticompetitiva existente en el transporte terrestre de turistas con el propósito de tutelar la libre competencia en este sector.
Al Ministerio de Defensa, cumplir con su deber de vigilar el cumplimiento de manera íntegra y efectiva por parte de los órganos encargados de la vigilancia del Estado, para asegurar a las personas físicas y morales el retiro, depósito y trasporte terrestre de efectos y mercancías desde las aduanas y puertos del territorio nacional.
Al Ministerio de Interior y Policía, garantizar que las personas físicas y morales al momento de utilizar los servicios de transporte de pasajeros en todo el territorio nacional, así como realizar el retiro, depósito y transporte terrestre de efectos y mercancías desde las aduanas y puertos del país haciendo uso de vehículos de su propiedad o de particulares obtengan la protección debida.
A la Policía Nacional, crear los mecanismos que aseguren a esta institución cumplir con el deber de protección a las personas físicas o morales.
El fallo judicial del TSA representa una garantía para el futuro desarrollo de nuestro país, consolida la seguridad jurídica indispensable para el buen funcionamiento de una sociedad, sus empresas y ciudadanos y envía una señal firme a la comunidad internacional de que República Dominicana confía en sus instituciones y en el Estado de Derecho.
El Conep reiteró su disposición para trabajar conjuntamente con quienes deseen unir sus esfuerzos para conseguir mejorar el modelo actual de transporte en nuestro país. “República Dominicana debe caminar hacia un modelo integrador, solidario y libre de coacciones y conflictos, donde se premie la iniciativa individual, el espíritu emprendedor y el respeto a la libre competencia”.