SANTO DOMINGO, República Dominicana.- República Dominicana es el único país, entre los nueve países de América Latina en cuyo territorio la Constructora Norberto Odebrecht habría operado de forma ilícita que no firmó un término de compromiso de colaboración con el Ministerio Público brasileño, según datos divulgados por Transparencia Internacional y JOTA, este miércoles.
El documento señala que, de acuerdo con un informe del Ministerio Público Federal brasileño publicado en enero de 2019, el país caribeño no era, en aquel momento, uno de los países con los que Brasil estaba en negociación para la creación de un ECI – Equipo Conjunto de Investigación.
Los tres países latinoamericanos de la lista son Argentina, Perú y Paraguay.
República Dominicana, sin embargo, fue el primer país latinoamericano con el que Odebrecht firmó un acuerdo de colaboración durante la investigación, el cual fue homologado en abril de 2017 por la Justicia del país caribeño.
Esto puede ayudar a explicar la ausencia de formalización con autoridades brasileñas, “una vez que el país caribeño puede haber obtenido las pruebas directamente de la empresa”.
En ese sentido, Fabiano Angélico, consultor senior de Transparencia Internacional, explicó que la firma de un acuerdo con la empresa – que admitió el pago de unos US$ 788 millones en sobornos en 12 países – pudo haber sido de beneficio para el país, puesto que las autoridades dominicanas tendrían un mayor acceso a información sobre el caso, esto “si todos los actores juegan de buena fe”.
Se trata, en palabras del consultor, de una estrategia incentivada muchas veces, por la fiscalía brasileña y no una mala señal.
“Si uno establece directamente el acuerdo con la empresa, en teoría, si todos juegan de buena fe, Odebrecht va a brindar todos la información de los actos de corrupción que manejaron”, subrayó.
Sin embargo, entiende que de manera adicional, el Ministerio Público dominicano pudo haber hecho mayores esfuerzos para acceder a la información recabada por la Fiscalía de Brasil sobre el caso.
Proceso en Dominicana
Según documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, la compañía admitió haber desembolsado US$ 92 millones a funcionarios del Gobierno e intermediarios entre 2001 y 2014, para lograr la adjudicación de contratos.
Como resultados de esos pagos, Odebrecht obtuvo US$ 163 millones en beneficios.
La empresa fue condenada al pago del duplo del monto otorgado como sobornos como indemnización al Estado dominicano, por concepto de multa, en cumplimiento de la Ley 448-06 sobre Soborno en el Comercio y la Inversión.
Además, el 29 de mayo del 2017, inició un proceso judicial con la detención de 14 personas, supuestamente vinculadas al caso de corrupción.
Ocho días después, el juez de la Instrucción Especial Francisco Ortega Polanco dictó prisión preventiva contra ocho de los imputados (Ángel Rondón Rijo un año en La Victoria, Víctor Díaz Rúa y Conrado Pittaluga nueve meses en Najayo, Ruddy González, Andrés Bautista y Temístocles Montás seis meses en Najayo, César Sánchez y Máximo De Óleo tres meses en Najayo).
También impuso prisión domiciliaria por nueve meses para dos de ellos (Radhamés Segura y Roberto Rodríguez Hernández) y presentación periódica, fianza de cinco millones de pesos e impedimento de salida para tres (Julio César Valentín, Tommy Alberto Galán y Alfredo Pacheco Osoria).
Un año después, el pasado 8 junio del 2018, la Procuraduría General de la República informó que quedaban archivados de manera provisional los expedientes contra ocho de los 14 imputados y se incluyó a Jesús Vásquez en el proceso judicial.
Actualmente, Ángel Rondón, Tommy Galán, Víctor Díaz Rúa, Roberto Rodríguez, Andrés Bautista García, Jesús Vásquez, y Conrado Pittaluga, permanecen a la espera del fallo del magistrado Ortega Polanco, en el que confirmará si existen pruebas suficientes para enviarlos a juicio de fondo. La decisión será dada a conocer el próximo 21 de junio, a las 9:00 AM.
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